Jaime Bonilla habría pagado a diputados para votar por ampliación de mandato en Baja California; ratifican demanda
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Martínez Veloz acusó que gente cercana a Bonilla, concretamente un asesor, entregó entre 200 mil y 400 mil dólares a representantes de los diputados locales
La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para ratificar la denuncia que su excandidato al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, interpuso contra Jaime Bonilla (Morena), el ganador de la elección local en julio pasado, por la ampliación de su mandato de dos a seis años.
Martínez Veloz acusó que gente cercana a Bonilla, concretamente un asesor, entregó entre 200 mil y 400 mil dólares a representantes de los diputados locales, en el séptimo piso del hotel Real Inn de Mexicali, días antes de que avalaran la reforma a la Constitución local que concretó la ampliación.
"Traemos un documento donde una persona denuncia que fueron reunidos en un hotel de la localidad de Mexicali, eran recibidos personeros de cada diputado local, eran subidos al séptimo piso de ese hotel y un funcionario cercano a Bonilla les entregaba cantidades de 200 mil, 300 mil y 400 mil dólares", acusó Martínez Veloz.
Los perredistas presentaron una solicitud a la Fiscalía para que pida los videos del hotel y verifique qué personas acudieron, también entregaron un video donde el presidente del congreso del Baja California denunció que el administrador de las aduanas de Mexicali le había ofrecido un millón de dólares por convocar a la asamblea para ampliar el periodo.
"El video lo vamos a hacer del conocimiento de la Fiscalía, en donde está la declaración puntual del presidente del congreso del estado, del día 31 de mayo. Después, el 8 de julio se convoca al congreso, no aparece en la agenda del orden del día la ampliación del periodo; sin embargo, un diputado de Morena lo propone y votan 21 diputados", señaló.
Martínez Veloz llegó a las oficinas de la FGR poco antes del mediodía de ayer, acompañado de Fernando Belaunzarán y Ángel Ávila, integrantes de la dirigencia temporal del PRD, quienes pidieron al gobierno federal que sea la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República quien interponga la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Si López Obrador no presenta una acción, será cómplice de esta Ley Bonilla", dijo Ávila Romero.
