Libertad de expresión y derechos de autor

La discusión que ha tenido lugar en días pasados sobre lo que algunos idiotas nombraron proscripción de los “memes” como ley o parte de la Constitución, es una muestra de la pequeñez de nuestros representantes ante la federación o frente al país, de cara al presente y al futuro. Suena tan mediocre y falaz que resulta aburrido intentar escucharlos: una forma cantinflesca de pedirle al televidente que cambie de canal.

En la Historia de México, que se recuerde, nada más ha habido libertad de expresión en dos periodos, y se conoce porque fue usada hasta la ignominia. Nuestro augusto prócer coahuilense Francisco Ignacio Madero fue masacrado en los periódicos despiadadamente hasta su asesinato; incluso días más tarde aparecieron caricaturas celebrando su muerte. En esa perversa campaña no estuvo ausente el embajador de Estados Unidos de América, Henry Lane Wilson; por el contrario, fue en su casa donde se decidió el asesinato de nuestro gran personaje, promotor de la no reelección e iniciador de la democracia.

El otro periodo de ataque irracional, comprado, aconsejado desde el exterior, se está dando en nuestros días. Claudia Sheinbaum es acosada sin descanso por los medios de comunicación, las televisoras, la radio y muchos diputados y senadores. También apoyan abiertamente al presidente de Estados Unidos. Desde allá han pagado a grupos de “intelectuales” para golpear sin respiro. No habíamos tenido la experiencia de esa libertad, la cual ha sido aprovechada por la ferocidad institucionalizada. Lo único importante es que la Presidenta se ha movido con elegancia, modestia y permisividad. Aquí también aparecen los asesores externos como Marco Rubio, el embajador actual y los mediocres dirigentes de los dos partidos que están bastante cerca de su desaparición.

Hace ya algunos años, si no me equivoco, en 1991, la Sociedad de Autores y Compositores de México dedicó bastante tiempo a la elaboración de una Ley Federal del Derecho de Autor. Su promotor, Eugenio Aguirre –de estirpe coahuilense y orgulloso descendiente de parrenses–, logró una legislación que fue catalogada como la más avanzada y justa del mundo. En efecto, consideraba la propiedad sobre cualquier bien cultural, especialmente en los rubros de la escritura y la música, también aplicable a la creatividad de las artesanas de Oaxaca y Chiapas, que ya eran plagiadas en París y Nueva York. La ley aclaraba que se prohibía vender o comprar una creación, fuese poema, novela, melodía, letra de canción u otra. Lo avanzado estaba en que consideraba un delito federal la donación o venta de autoría.

Entendámonos: se prohibía aun a un padre colocar a su hijo como autor de un texto si éste no había participado en su elaboración, esto para evitar cualquier intento de atribución falaz. Por supuesto que el hecho de elaborar una tesis pagada por un político o un empresario se consideraba plagio y era objeto de sanción penal: el agraciado no era autor de la misma y el escribano participaba en el delito. Se recordó que varios músicos de cierta fama habían comprado piezas a músicos pobres y sólo pusieron su nombre a esa creación. ¿Se habrá modificado esta ley? No puedo saberlo porque me aburren las discusiones de la Cámara.

Regresemos al concepto de libertad, utilizado para justificar la mentira, la injusticia y la lucha política desalmada. Escuchemos a Cervantes: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra o el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. ¿Puede aplicarse a lo que vemos en algunos políticos, maestros, abogados?

Walter Benjamin (“Tesis sobre la historia”) señala que “No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie”. Esto desde el momento en que los comentócratas creen que están haciendo cultura. Este concepto ha dado demasiadas definiciones. La más común es que designa las normas y valores que una población, una etnia o una nación consideran propios. Sería el caso para encasillar la idea de libertad de expresión como instrumento de golpeo con datos falsos como derecho.