Los funcionarios, políticos y narcos que podrían caer si "El Chapo" habla en Estados Unidos

Nacional
/ 31 octubre 2016

Ante su inminente extradición, cunde el temor entre sus principales vínculos en la política y el tráfico de drogas por los nombres que el capo narco quiera revelar a la justicia

Ciudad de México.- La inminente extradición del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera a Estados Unidos representa para ese gobierno la oportunidad de tener acceso a información sobre el tráfico de drogas y los nombres de algunos de los involucrados en al menos 54 países.

Información del gobierno de Estados Unidos divulgada hace dos años reveló que el Cártel de Sinaloa, liderado por Guzmán Loera, tenía operaciones en 24 de los 31 estados mexicanos, en aproximadamente 200 ciudades latinoamericanas y 54 países.

Analistas consultados por Infobae aseguran que "El Chapo" optaría por dar, en primer lugar, nombres de funcionarios municipales, y conforme avance el proceso judicial y la oferta de conmutación de penas, vendría la data de políticos y empresarios de más alto rango.

En México, después de tres arrestos y dos fugas de penales de alta seguridad, Guzmán Loera se ha negado a revelar los nombres de altos funcionarios y empresarios que pudieran colaborar o recibir sobornos de su organización, sin embargo, en caso de ser extraditado, esa información será su activo más valioso para reducir su condena o tener acceso a privilegios en prisión.

"Estados Unidos tiene la mejor red de informantes en el mundo y 'El Chapo' sería un eslabón muy valioso en esa red", afirma Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad de Lantia Consultores, un think tank mexicano.

Algunos nombres de altos funcionarios que, presuntamente, tuvieron algún tipo de contacto con el capo empezaron a surgir desde el año pasado, cuando se dio a conocer que en junio de 2011, mientras se encontraba prófugo, "El Chapo" se habría reunido con 20 gobernadores en el hotel Pueblo Bonio Emerald Bay, en Sinaloa, su estado natal.

Información publicada por el periodista estadounidense Wayne Madsen en el sitio Infowars.com y divulgada por el semanario mexicano Proceso, uno de los medios más prestigiosos de México, destaca que entre los asistentes se encontraban los gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdéz; el gobernador de Querétaro y actual Ministro de Agricultura, José Eduardo Calzada Rovirasa; de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero –quien tuvo que dejar el cargo en 2014 tras el escándalo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa-; Rodrigo Medina, entonces gobernador de Nuevo León –actualmente bajo proceso judicial por presunta corrupción-; Guillermo Padrés Elías, quien recién terminó su periodo en Sonora, acusado de presunta corrupción, y sobre quien pesa una orden de captura de la Interpol; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, actualmente también prófugo de la justicia, y Rafael Moreno Valle, de Puebla, aspirante a la candidatura presidencia de 2018, por mencionar algunos.

La mayoría negó en su momento la información, sin embargo, ninguno emprendió acciones legales en contra del reportero o del medio informativo.

Sin embargo, a juicio de Guerrero, el narcotraficante sería muy cuidadoso al proporcionar información tanto sobre la estructura y operaciones de su cártel como de los funcionarios que han colaborado con él, sobre todo los de las más altas esferas.

"Es un hombre respetuoso de los códigos de honorabilidad, va a soltar poco, pero muy valioso. Tiene muy buena información y puede acabar con la reputación de muchos empresarios y políticos, va a ser muy selectivo porque si empieza a soltar nombres sin sustento no va a ser valioso para el gobierno de Estados Unidos y eso le va a quitar privilegios", agrega Guerrero.

Alejandro Hope, un reconocido analista mexicano en temas de seguridad, tiene una visión distinta: opina que el riesgo mayor de la extradición se corre al interior del cártel porque dependiendo del acuerdo al que pudiera llegar con EU empezaría a surgir información desconocida sobre Ismael "El Mayo" Zambada, otro de los líderes, y la pieza más importante de la organización, ahora que "El Chapo" está en prisión.

Más nombres

El alcance que puede tener el capo lo demostró el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien en una audiencia judicial confesó que en 1993 había rechazado un soborno de 800.000 dólares para dejarlo escapar.

Apenas en abril de este año, fuerzas policíacas de Estados Unidos y Colombia ejecutaron la llamada "Operación Neymar" –ya que los sospechosos usaban el nombre del astro brasileño del fútbol- cuyo esquema de operaciones alcanzaba a 17 países (Colombia, México, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, España, Holanda, Gran Bretaña, China y Australia).

El principal operador de esta red sería Juan Manuel Álvarez Inzunza "El Rey Midas", a quien se señala como el principal lavador de dinero de "El Chapo". El presunto capo fue detenido en México y sobre su cabeza también pesa un pedido de extradición.

Guzmán Loera podría dar información que facilitara su envío a EU. El "Rey Midas" lavó, presuntamente, entre 300 y 400 millones de dólares al año durante casi una década.

El gobierno de Estados Unidos también buscaría información de los colombianos Iván Alfredo Castro Santana –ya detenido en su país- e Iván Andrés Lizarazo Mendoza, ambos sospechosos de ser enlaces del cártel de Sinaloa en Cali.

Hope afirma que en el caso de Estados Unidos ya hay procesos en contra de agentes de la Patrulla Fronteriza por vínculos con el Cártel del Sinaloa –incluso el año pasado, un testigo protegido reveló que este cuerpo policial vendió a la organización al menos 30 rifles WASR-10, una variante del AK-47- sin embargo, "no sabemos la naturaleza de las revelaciones que vaya a hacer Guzmán Loera".

Los ojos sobre México

Hope y Guerrero concluyen que México está obligado a entregar al capo a Estados Unidos, principalmente para quitarse el peso de una posible tercera fuga.

Para los dos países es un "tesoro de información", pero para México, sería menos costoso pagar el precio de las revelaciones de "El Chapo" que el enfrentarse a las críticas por una nueva fuga.

Cuando Guzmán Loera fue recapturado, el 8 de enero de este año, fue internado en la Cárcel de Alta Seguridad del Altiplano, en el Estado de México (contiguo a la Ciudad de México), el mismo del que se había fugado unos meses atrás a través de un túnel que conectaba a su celda con la calle. Tres meses después fue trasladado a una prisión en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, según Guerrero, luego de haberse detectado señales de un nuevo intento de fuga.

Por Juliana Fregoso para Infobae

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