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En noviembre de 2017 la Auditoría ya calculaba que Pemex perdía, cada día, 54 millones de pesos por hurto de hidrocarburos (19 mil 710 mdp al año), el equivalente a 118 mil 260 millones de pesos de merma sexenal

En el sexenio anterior la estrategia para erradicar o al menos contener el huachicoleo fracasó: en promedio por cada mil pesos que Pemex destinó para combatir el robo de combustibles, los delincuentes hurtaron hidrocarburos con valor de 24 mil 250 pesos. El peor año fue 2018, cuando por cada mil pesos invertidos para terminar con este delito, los criminales saquearon productos con valor de 64 mil pesos.

El crecimiento del delito y las pérdidas aumentaron paralelamente: en el primer año del gobierno pasado, la entonces empresa paraestatal reportó 3 mil 278 tomas clandestinas de hidrocarburos, que en ese momento representaban pérdidas por 10 mil 300 millones de pesos. Cinco años después, en 2018, las tomas ilegales sumaron 12 mil 581(283.8 por ciento más), y las pérdidas económicas superaron los 35 mil millones de pesos (un incremento de 239.8 por ciento). 

Entre 2013 y 2018 el gobierno federal priista gastó cuantiosos recursos (5 mil 16 millones de pesos)… pero el delito siguió creciendo y generó pérdidas para la empresa petrolera por 121 mil 747 millones de pesos en el mismo periodo, de acuerdo con cifras dadas a conocer cada año por directivos de la empresa productiva del Estado durante la administración anterior. 

Los cálculos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son peores: elevan la cifra hasta 147 mil 200 millones de pesos de pérdidas, según sus cifras más recientes.

En noviembre de 2017 la Auditoría Superior de la Federación ya calculaba que Pemex perdía, cada día, 54 millones de pesos por robo de hidrocarburos (19 mil 710 millones de pesos al año). Eso representaba el equivalente a 118 mil 260 millones de pesos de pérdida sexenal.

Entre 2013 y 2018 el gobierno federal echó a andar un plan denominado Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (DAEIS), con el fin de combatir y erradicar los “continuos golpes a las estructuras (de Pemex) de los grupos delictivos”, en específico lo concerniente al robo de combustible, con un presupuesto aprobado de más de 5 mil millones de pesos.

Pero la estrategia federal no funcionó: las tomas clandestinas aumentaron. En dicho periodo (2013-2018) se detectaron 43 mil 24 tomas ilegales, la mitad durante los años más recientes, entre 2017 y octubre de 2018. 

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) se encargaba de la operación contra el huachicoleo y entre los funcionarios a cargo estaba el general Eduardo León Trauwitz, quien se encuentra bajo investigación como parte de la red que permitía el robo de combustible desde las instalaciones de Torre Pemex, según informó ayer el presidente López Obrador

Sobre dicha estrategia, la Auditoría fue muy severa desde noviembre 2017: “La SSE no cumple con la meta de reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas en el ámbito nacional, ni muestra avances positivos en su estrategia integral de seguridad en los concerniente a la prevención de actos ilícitos del robo de hidrocarburos”.

De acuerdo con el Libro Blanco de Pemex 2012-2018, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica destinó 2 mil 531 millones de pesos para utilizar equipos tecnológicos de vanguardia, específicamente para reforzar la seguridad y vigilancia de las instalaciones estratégicas de la industria petrolera nacional.

Por lo anterior, la SSE registró desde 2013 ante la Secretaría de Hacienda el proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de la empresa con el objeto de “mejorar la protección de sus instalaciones estratégicas de Pemex, así como de su personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación y haciendo eficiente la actividad del recurso humano; para actuar de manera contundente y oportuna en aquellos lugares donde se registre la presencia de un ilícito”.

Para los gastos de operación derivados de los proyectos de inversión y otras iniciativas se presupuestaron 2 mil 292 millones de pesos y para la rehabilitación de los espacios de la ex Refinería 18 de Marzo se aprobaron 175.4 millones.


ARMAS Y SOFTWARE PARA CUIDAR

También se asignaron 17.75 millones de pesos para la adquisición de armas cortas y largas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de reforzar la protección y vigilancia del personal, así como los bienes y valores de Pemex.

El Libro Blanco señala que la SSE cuenta con dos software licenciados (LeakLab e Hidrotecate) que tienen como función principal el monitoreo, detección y localización de fugas por pérdida de contención del ducto en sus variables de presión y flujo mediante sensores (acústico-presión) por onda negativa, lo cual “proporciona a la SSE elementos para una reacción inmediata con la finalidad de minimizar el riesgo, tanto de la población que se encuentre cerca de los lugares donde se efectúan las perforaciones, así como para proteger la infraestructura y el personal de Pemex”. 

Además de los sensores en ductos, los sistemas de geolocalización y vigilancia tiene como objetivo monitorear a todas las unidades terrestres tanto propiedad de Pemex como arrendados que participan en el combate al mercado Ilícito de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, con el fin de apoyarlos durante las operaciones en el terreno.

Pero a pesar de estas inversiones del gobierno de Peña Nieto, las tomas clandestinas crecieron exponencialmente y las pérdidas se multiplicaron.