Damián Tercero, de 18 años, que había llegado de Chiapas cinco meses atrás para buscar trabajo junto a su hermano Alejandro, que todavía sigue desaparecido. Foto: Especial
Al menos tres de los civiles muertos tras un enfrentamiento entre Sedena y un grupo del crimen organizado fueron secuestrados. Un video muestra la orden de un militar ante un sobreviviente

“Yo a mi hijo no lo voy a volver a ver. Yo lo que quiero es que se pague con justicia, que esos militares lo paguen”, dice Raúl Tercero, de 43 años, padre de Damián Tercero, uno de los civiles acribillados el 3 de julio por elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) cuando se encontraban en la troca de una pick-up en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La versión de los militares es que sus unidades fueron atacadas por personas armadas y que ellos solo repelieron la agresión, matando a 12 de ellos. Sin embargo, al menos tres de los ocupantes del vehículo eran civiles con las manos atadas que habían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado. Damián, de 18 años, era uno de ellos. Desapareció el 24 de junio junto a su hermano Alejandro, al que todavía siguen buscando.

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Un video hecho público el lunes por El Universal contradice la versión de la Sedena. En él se observa cómo, tras ser atacados, los militares persiguen a una pick up a la que logran dar alcance.

El vehículo recibe más de 200 impactos de bala de alto calibre. Al menos en ese momento no se observa ninguna respuesta desde la camioneta. De hecho, uno de los uniformados observa que alguien ha sobrevivido. “¡Mátalo, a la verga!”, grita otro de los militares antes de que se vuelvan a escuchar disparos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró haber dado instrucciones de investigar. “Nosotros no vamos a permitir estas prácticas”, afirmó.

Entre los muertos de aquel tiroteo estaban Damián Tercero, de 18 años, que había llegado de Chiapas cinco meses atrás para buscar trabajo junto a su hermano Alejandro, que todavía sigue desaparecido. También Héctor Rubén Garza Navarro, que recién había cumplido los 18 y que cursaba Ingeniería en la UT de Nuevo Laredo, y Ángel Agustín Núñez Reyna, comerciante del municipio.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo lleva la representación legal de sus familiares. Su abogado, Martín Alvarado, denunció la “lentitud” de las investigaciones. “Si se trata de autoridades públicas, siempre tratan de enfriar el asunto para hacer que se olvide”, lamentó.

La Fiscalía General de la República abrió la carpeta 13/46 para investigar los hechos. Pero hasta el momento, según Alvarado, no han respondido a los requerimientos de los abogados: videos y audios de Sedena, puesta a disposición de las armas homicidas, nombre y CV de los elementos que participaron, así como medidas cautelares que impidan que estos se sustraigan a la acción de la justicia.

La FGR confirmó que está investigando, sin hacer más comentarios. Sedena, por su parte, se comprometió a colaborar con las investigaciones. Según afirmó un portavoz militar, no se ha sancionado a ningún efectivo ni se le ha relegado de sus funciones hasta que la investigación de la fiscalía determine las circunstancias del suceso.

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