Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas | Foto: Especial
Esto para resolver si admitirá o no a trámite la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra la orden para detener al gobernador

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió a la Fiscalía General de la República (FGR) copia certificada de la orden de aprehensión emitida contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá requirió también a los jueces federales de Almoloya de Juárez informes sobre la existencia de orden de captura contra el mandatario estatal y copias certificadas de la misma.

Esto, para resolver si admitirá o no a trámite la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra la orden para detener al gobernador del estado y en la que alegó que García Cabeza de Vaca goza de fuero constitucional y no puede ser detenido y procesado hasta que concluya su cargo.

Para ello, el ministro concedió tres días a la FGR y los jueces federales con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México para enviar los documentos requeridos.

Mientras la Corte decide si admitirá o no a trámite la controversia y la resuelve, la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca permanece suspendida por tiempo indefinido según lo ordenado por el Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas en el amparo promovido por el gobernador.

Desde el pasado 14 de mayo, el ministro González Alcántara Carrancá rechazó una controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas en la que impugnó la declaración de procedencia contra el gobernador del estado aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril.

En el desechamiento, el ministro indicó que debido a que el Congreso de Tamaulipas decidió no homologar su resolución a la declaración de la Cámara de Diputados, no existía controversia porque esto impide poner a disposición a García Cabeza de Vaca de las autoridades penales.

De hecho, el ministro precisó en su acuerdo que el procedimiento penal contra el gobernador de Tamaulipas puede iniciar una vez que concluya su encargo.