Tendederos de agresores y deudores alimentarios son legítimos: SCJN

En el marco del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo organizaciones y colectivas feministas en distintas ciudades del país convocan a mujeres a participar en los llamados tendederos de agresores y deudores alimentarios, espacios donde se les exhiben de manera pública.

Estas acciones suelen realizarse tanto en redes sociales como de forma física durante las marchas feministas. Sin embargo, muchas mujeres optan por no participar por temor a represalias o a las consecuencias de denunciar públicamente a sus agresores.

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En Coahuila, desde su creación en 2014, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres acumula mil 576 inscripciones. En contraste, el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) suma 260 casos, aunque se reconoce la existencia de una cifra no registrada de situaciones que no han sido denunciadas formalmente o que permanecen congelados en los juzgados.

Ante este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en 2025 resoluciones que reconocen la legitimidad de estos mecanismos de denuncia pública.

En el caso de los tendederos de agresores, en agosto de 2025 un tribunal colegiado determinó que estas prácticas constituyen un mecanismo de visibilización de la violencia de género y un ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

El criterio establece que la manifestación de denuncias sobre problemáticas sociales se encuentra protegida por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana y por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De acuerdo con la resolución, los tendederos de denuncia han surgido como herramientas colectivas que permiten a víctimas visibilizar la violencia que suele permanecer en el ámbito privado, romper el silencio provocado por el miedo o la revictimización y generar conciencia social sobre la magnitud del problema.

El criterio judicial también señala que estos mecanismos no buscan sancionar ni prejuzgar responsabilidades, sino exponer la dimensión de la violencia de género y propiciar cambios institucionales que garanticen el acceso a la justicia.

En una resolución distinta, emitida en enero de 2025, la misma Corte confirmó que la inclusión de personas en registros de deudores alimentarios es constitucional y no vulnera sus derechos humanos.

La Sala determinó que la exhibición pública de quienes incumplen con el pago de pensiones puede funcionar como una herramienta de presión social y de concientización sobre la importancia del derecho de las infancias a recibir alimentos.

El proyecto de sentencia señala que la inscripción en estos registros no tiene como finalidad evidenciar públicamente a una persona, sino reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y salvaguardar la supervivencia y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

En Saltillo, la organización de la marcha feminista del 8 de marzo lanzó una convocatoria para que mujeres envíen denuncias de forma anónima contra agresores o deudores alimentarios.

Las fotografías y nombres de los agresores y deudores se mostrarán de manera física durante la marcha y posteriormente serán quemados en una hoguera simbólica al concluir la manifestación. También adelantaron que después del 8 de marzo se abrirá una nueva convocatoria para publicar el tendedero de manera virtual.