Acusados por delitos contra menores en Cuatro Ciénegas pasarían el resto de su vida en prisión
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Legislación prevé sanciones acumulativas por agravantes y número de víctimas; investigación sigue en curso
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Las dos personas vinculadas a proceso por delitos en agravio de menores en el municipio de Cuatro Ciénegas podrían enfrentar condenas que superen las dos décadas de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal de Coahuila para conductas consideradas de alta gravedad.
Cynthia “N” y Gerardo “N” enfrentan cargos por abuso sexual, corrupción de menores y trata de personas.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, el caso relacionado con violación equiparada en perjuicio de una adolescente de 15 años contempla una pena base de entre 11 y 18 años de cárcel; sin embargo, esta podría incrementarse ante la posible existencia de agravantes, como la reiteración de conductas o una relación de confianza con la víctima, así como la suma de otros ilícitos.
Entre estos se encuentran abuso sexual y corrupción de menores, delitos que también conllevan sanciones independientes y que, al acumularse, elevan de manera significativa la penalidad total.
En paralelo, la mujer imputada por trata de personas en agravio de menores enfrenta una pena inicial de entre 8 y 15 años de prisión, la cual puede aumentar considerablemente dependiendo de las circunstancias del caso y la acreditación de agravantes.
ACUMULACIÓN DE PENAS PODRÍA ELEVAR CONDENAS
Especialistas en derecho penal señalan que el desenlace jurídico dependerá de la investigación complementaria, así como de la capacidad de las autoridades para acreditar cada uno de los delitos imputados y sus agravantes correspondientes.
En este contexto, se recordó que el delito de abuso sexual contra menores de 15 años contempla sanciones de entre 4 y 8 años de prisión, mientras que la corrupción de menores tiene penalidades variables según la conducta acreditada.
Al tratarse de ilícitos catalogados como graves, las personas imputadas enfrentan el proceso bajo medidas restrictivas, con acceso limitado a beneficios legales en caso de una eventual sentencia condenatoria.
Asimismo, las autoridades no descartan la posible aparición de más víctimas conforme avancen las indagatorias, lo que podría incidir directamente en la severidad de las penas.
El doctor en derecho penal, César García Diosdado, explicó que la legislación contempla la acumulación de sanciones en función del número de afectados y de los agravantes comprobados, por lo que, en escenarios extremos, las condenas podrían alcanzar cifras de hasta 500 años de cárcel.
El periodo para la investigación complementaria concluirá el próximo mes de julio, tiempo en el cual las autoridades buscarán robustecer los datos de prueba contra los acusados.
