Afecta negocio de los seguros de gastos médicos mayores hasta a 2 mil mexicanos al mes

Más de 24 mil mexicanos al año podrían enfrentar serios problemas con sus seguros de gastos médicos mayores debido a abusos, falta de transparencia y mala coordinación entre aseguradoras, hospitales y médicos.

Esta problemática fue denunciada por el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien en una entrevista con VANGUARDIA adelantó su intención de presentar una iniciativa en el Congreso de la Unión para regular de manera más estricta las operaciones de las aseguradoras, con el objetivo de poner el bienestar de los pacientes en el centro de la agenda.

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“Hay abusos, de hecho se están registrando de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la propia Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) que registran 200 denuncias mensuales. La cifra negra habla de 10 veces más, o sea, que puede haber hasta 2 mil personas dañadas por mes y casi 25 mil personas al año”, explicó el legislador.

Uno de los problemas principales señalados por el diputado es el aumento de las primas de los seguros de gastos médicos mayores, las cuales incrementan hasta un 40 por ciento anual sin justificación alguna. Según Abramo, estos incrementos dificultan la capacidad de las familias para pagar sus pólizas, especialmente cuando los adultos se acercan a la jubilación y sus ingresos disminuyen.

Además, apuntó que muchas personas que han pagado sus seguros durante años, sin hacer uso frecuente de ellos, se ven imposibilitadas de continuar cubriéndolos cuando más lo necesitan, debido a los altos costos que surgen en la etapa final de su vida laboral. Este fenómeno genera frustración, ya que, a pesar de los pagos realizados durante décadas, muchas veces los asegurados sienten que han perdido dinero.

Otro problema grave que enfrentan los asegurados es la limitación de la cobertura prometida por las aseguradoras. Con frecuencia, las compañías restringen el acceso a ciertos médicos o hospitales, lo que obliga a los asegurados a elegir opciones fuera de su red original.

Además de las restricciones en la cobertura, Abramo mencionó la descoordinación entre las aseguradoras y los hospitales privados. Un ejemplo de esta falta de coordinación es que, para controlar los costos, las aseguradoras imponen límites en los pagos a médicos y hospitales, lo que resulta en demoras en la atención e incluso en la retención de pacientes, a pesar de que el artículo 230 del Código Penal establece que nadie puede ser retenido en una institución médica contra su voluntad.

Sin embargo, debido a la lentitud y falta de transparencia en los pagos de las aseguradoras, muchos pacientes se ven atrapados en este círculo vicioso, enfrentando no solo incertidumbre, sino también un trato inadecuado y la posible retención ilegal en hospitales.

“Cuando alguien pierde la vida, no te dan el cuerpo hasta que no pagues o hasta que el seguro no le libere la cuenta y tú estás con tu dolor prolongándose aún más porque la aseguradora no le paga al hospital, porque el hospital no le quiere decir toda la verdad”, explicó.

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Este problema también está relacionado con las prácticas corruptas en algunas instituciones de salud, donde ciertos hospitales inflan los precios de insumos médicos y medicamentos, a veces en más de un 2 mil por ciento, lo que incrementa injustificadamente los costos para las aseguradoras y, por ende, para los pacientes.

Abramo denunció que, debido a la falta de personal médico para supervisar los gastos, las aseguradoras terminan aprobando estos cargos sin cuestionarlos, lo que perpetúa el ciclo de abusos.

“Y ese proceso también de corrupción que se da dentro de las instituciones de salud, este hace que las aseguradoras desconfíen del hospital y le pongan un supervisor al supervisor del supervisor médico para que se evite ese tipo de excesos por parte de los hospitales. Esos excesos generaron que ni el seguro crea en todo lo que le dice el hospital que reportó de gastos del paciente”, comentó Abramo.

Asimismo, señaló que parte del problema también son las instituciones que deberían defender a los afectados y que son lentas en los procesos, lo que da paso a que muchos afectados no denuncien.

Ante estas problemáticas, Jericó Abramo presentará una propuesta para regular a los seguros de gastos médicos mayores. La iniciativa busca la creación de un órgano regulador tripartito, conformado por aseguradoras, hospitales y representantes de los pacientes, que establezca un marco ético para garantizar que tanto los servicios médicos como las prácticas de las aseguradoras estén alineados con el bienestar del paciente.

Un aspecto clave de la propuesta es colocar al paciente en el centro de la política pública. Según Abramo, el sistema actual está demasiado centrado en los intereses financieros de las aseguradoras y los hospitales, dejando a un lado las necesidades de los usuarios.

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Entre los cambios que propone, destaca la obligación de las aseguradoras de pagar las tarifas completas que los médicos cobren por sus servicios, evitando que los pacientes tengan que pagar de su bolsillo o enfrentar costos exorbitantes por consultas o procedimientos que deberían estar cubiertos por sus pólizas.

Además, la iniciativa incluye la creación de un fideicomiso nacional que permita a los asegurados mitigar los costos de sus seguros a medida que envejecen, protegiendo así su acceso a la atención médica cuando más lo necesiten.

El legislador espera que su propuesta se discuta en mesas de trabajo con los actores involucrados, como aseguradoras, hospitales, médicos y asociaciones de consumidores, para lograr una legislación más justa. Se espera que el proceso legislativo concluya a más tardar en abril con una votación final sobre la propuesta.