Aprueban diputados iniciativa de Mejía Berdeja contra el reclutamiento forzado
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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que establece penas de hasta 30 años de prisión por reclutamiento forzado de personas por grupos criminales, con agravantes en determinados casos
Con sanciones de 10 a 20 años de prisión, que podrían alcanzar hasta 30 cuando existan agravantes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para castigar el reclutamiento forzado de personas por grupos criminales, informó el legislador federal por Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja.
El dictamen obtuvo 419 votos a favor y ninguno en contra. La propuesta incorpora un capítulo específico en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el propósito de cerrar vacíos legales que dificultan perseguir esta práctica.
Mejía Berdeja, quien promovió la modificación desde 2025, destacó que uno de sus puntos centrales es reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes.
Explicó que su incorporación a estructuras delictivas, dentro de los supuestos previstos en el dictamen, será considerada reclutamiento forzado, independientemente del mecanismo utilizado para captarlos.
El diputado advirtió que las organizaciones criminales recurren a redes sociales, plataformas digitales y falsas ofertas de trabajo para acercarse a sus posibles víctimas.
El contacto puede comenzar con promesas de ingresos y oportunidades laborales, para después convertirse en amenazas, violencia y participación obligada en actividades ilícitas.
De acuerdo con lo expuesto por el legislador, las penas podrán elevarse hasta 30 años cuando concurran agravantes como intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral y abuso de poder. El texto también contempla agravantes cuando las víctimas sean indígenas, afromexicanas o migrantes.
La participación de servidores públicos o de personas que hayan pertenecido a corporaciones de seguridad o a las Fuerzas Armadas también está contemplada entre las agravantes.
Asimismo, sostuvo que las condiciones de vulnerabilidad económica y social son aprovechadas por los grupos delictivos para incorporar personas a sus filas.
El legislador señaló que la respuesta institucional deberá acompañarse de investigación, prevención y atención a las víctimas, además de coordinación entre autoridades.
Subrayó que establecer sanciones específicas es un avance, pero su aplicación será determinante para perseguir a los reclutadores y proteger a quienes están en riesgo.
