Ayuntamientos de Coahuila, los que más fallan en transparencia
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Se rehúsan a contestar a los ciudadanos
De acuerdo con el Informe Anual de Actividades del 2023 presentado por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), los Ayuntamientos del Estado fueron las instituciones contra las que más recursos de revisión se recibieron durante ese año.
Según los datos presentados por el Informe que fue entregado la semana pasada ante el Congreso del Estado, durante todo el 2023, el organismo garante de la transparencia recibió 825 recursos de revisión.
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Este mecanismo llamado “recurso de revisión” ocurre cuando un ciudadano no obtiene una respuesta a una solicitud de información realizada a alguna institución, y acude ante el ICAI para que intervenga.
Estos 825 recursos derivan de un total de 11 mil 253 solicitudes de información interpuestas por los ciudadanos a través de las plataformas de transparencia y acceso a la información; sin embargo, no en todos los casos donde no existe una respuesta o la respuesta está equivocada, el ciudadano decide interponer el recurso de revisión para que el ICAI analice su caso.
A nivel estatal, los entes que más recibieron recursos de revisión fueron los 38 ayuntamientos de Coahuila, contra quienes se interpusieron 253 recursos, entre los que ciudades como Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, no están exentos.
Después, se encuentran las secretarías e instituciones que conforman al Poder Ejecutivo, contra quienes durante el año se promovieron un total de 159 recursos de revisión.
Posteriormente, están los organismos autónomos, contra quienes se interpusieron 153 recursos. Entre estos organismos se encuentran la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, y la Fiscalía General del Estado.
Después están los organismos descentralizados, quienes recibieron un total de 119 recursos de revisión, y entre ellos se encuentran organismos como el ISSREI, la Pronnif y el Conalep.
A detalle, el ICAI dice que el motivo más frecuente que se encontraron en todos los 825 recursos fue que el sujeto obligado, es decir, la institución, ni siquiera otorgó una respuesta ante la solicitud del ciudadano.
De acuerdo con el Informe Anual de Actividades de 2023 presentado por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, los Ayuntamientos del Estado fueron las instituciones contra las que más recursos de revisión se recibieron durante ese año.
Según los datos presentados por el informe que fue entregado la semana pasada ante el Congreso del Estado, durante todo 2023, el organismo garante de la transparencia recibió 825 recursos de revisión.
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Este mecanismo llamado “recurso de revisión”, ocurre cuando un ciudadano no obtiene una respuesta a una solicitud de información realizada a alguna institución, y acude ante el ICAI para que intervenga.
Estos 825 recursos, derivan de un total de 11 mil 253 solicitudes de información interpuestas por los ciudadanos a través de las plataformas de transparencia y acceso a la información; sin embargo, no en todos los casos donde no existe una respuesta o la respuesta está equivocada, el ciudadano decide interponer el recurso de revisión para que el ICAI analice su caso.
A nivel estatal, los entes que más recibieron recursos de revisión, fueron los 38 ayuntamientos de Coahuila, contra quienes se interpusieron 253 recursos, entre los que figuran ciudades como Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.
Después, se encuentran las secretarías e instituciones que conforman al Poder Ejecutivo, contra quienes durante el año, se promovieron un total de 159 recursos de revisión.
Posteriormente, están los organismos autónomos, contra quienes se interpusieron 153 recursos. Entre estos organismos, se encuentran la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, y la Fiscalía General del Estado.
Después están los organismos descentralizados, quienes recibieron un total de 119 recursos de revisión, y entre ellos se encuentran organismos como el ISSREI, la Pronnif y el Conalep.
A detalle, el ICAI dice que el motivo más frecuente que se encontraron en todos los 825 recursos, fue que el sujeto obligado, es decir, la institución, ni siquiera otorgó una respuesta ante la solicitud del ciudadano.