Cabeza de Vaca no sería el único con escoltas de por vida; Rubén Moreira se otorgó la prestación en 2015
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Además del exgobernador de Coahuila, otros exfuncionarios estatales cuentan con la prestación de seguridad personal, pero solo por un periodo igual al de la duración de su cargo
El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien —todo indica— contará con seguridad personal y vehículos blindados de por vida, con cargo al erario, no es único en México, o al menos en el noreste del país, pues hace seis años el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, publicó un decreto donde se otorgó dicha prestación.
La medida a favor de Cabeza de Vaca, contemplada en una iniciativa que sería aprobada hoy en sesión extraordinaria del Congreso de Tamaulipas, ha causado debate local y nacional debido a que incluye una opción de prorrogación indefinida.
“El Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo (en el caso de Cabeza de Vaca, seis años) y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”, señala el dictamen con proyecto de decreto presentado por el diputado local priista Florentino Aarón Sáenz Cobos.
Lo cual, señalaron legisladores de oposición, puede ser considerado como medidas de protección vitalicias.
La sesión extraordinaria para aprobar o rechazar la reforma, se llevará a cabo hoy a partir de las 18:00 horas, con un Congreso local que tiene mayoría del PAN, que es el partido del gobernador Cabeza de Vaca, y cuya Legislatura concluye a finales de este mes.
RUBÉN MOREIRA
LA OBTUVO EN 2015
La prestación para el gobernador de Tamaulipas, y otros funcionarios de primer nivel, que está a discusión, se sustenta en los riesgos derivados de las acciones tomadas en su administración, que concluye en septiembre de 2022.
Con la reforma, la fracción 1 del artículo 19 BIS de la Constitución Política de Tamaulipas quedaría de la siguiente manera.
“Con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”.
Estos argumentos son prácticamente una calca de los expuestos el 9 de enero de 2015 por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira, en el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Asignación del Servicio de Seguridad Personal para Ex Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza”, publicado en el Periódico Oficial del Estado
En el cual, considerando que “las actividades de procuración de justicia y seguridad pública, en especial las acciones de combate a la delincuencia organizada, constituyen un alto riesgo para la vida e integridad corporal de los servidores públicos”, se concedió el servicio de seguridad personal a los extitulares del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad (hoy Secretaría) y la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía), así como aquellos exservidores que por razón del empleo determine el Titular del Ejecutivo de Coahuila,
“La prestación del servicio de seguridad personal a exservidores públicos consiste en la protección, seguridad, custodia y vigilancia que corresponda de conformidad con lo dispuesto por este Acuerdo”, señala el segundo punto del mismo.
Mientras que el cuarto punto agrega los criterios de vigencia de dichas medidas: “Los titulares del Ejecutivo del Estado, una vez concluido su ejercicio, gozarán del servicio de seguridad personal de manera vitalicia. Los demás exfuncionarios señalados (...) tendrán la seguridad asignada por un periodo igual al de la duración de su cargo, siempre que las circunstancias no ameriten un periodo mayor”.
En estos supuestos entran el propio exgobernador, Rubén Moreira, de forma vitalicia; y quienes lo acompañaron al frente de la Secretaría de Gobierno: Armando Luna Canales y Víctor Zamora; en la otrora Comisión Estatal de Seguridad: Jorge Luis Morán; y en la entonces Procuraduría: Homero Ramos Gloria, durante un periodo acotado.
HASTA OCHO ELEMENTOS
DE SEGURIDAD POR TURNO
La escolta, señala el punto séptimo del Acuerdo coahuilense, se integrará de hasta ocho elementos por turno, quienes deberán ser servidores públicos con experiencia en la materia y estar adscritos a la Procuración General de Justicia del Estado (Fiscalía) o a la Comisión Estatal de Seguridad (Secretaría de Seguridad), según corresponda.
Mientras que el servicio se suspenderá, de acuerdo con el noveno punto, cuando a los exfuncionarios: I) Por el desempeño de otro cargo en materia de seguridad o procuración de justicia en los gobiernos federal, estatal o municipal, se les asignen dichos servicios de seguridad; y II) El exservidor público cambie su lugar de residencia permanente fuera de Coahuila.
Y se cancelará (punto décimo del Acuerdo) cuando los funcionarios: I) Soliciten su cancelación; II) Incurran en la comisión de algún delito considerado grave por la legislación federal o local; III) Se destine a funciones distintas de las de protección, seguridad, custodia y vigilancia; y IV) Concluya el periodo de tiempo asignado al servicio.
