Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
COMPARTIR
El caso también pondría en evidencia la falta de revisión a las personas que ingresan a México, porque Chad tenía orden de restricción hacia Litzy, por antecedentes de violencia, y tenía prohibido el uso de armas.
El caso de Chad y Litzy ha consternado a la opinión pública, no solo por la extrema violencia del ataque, en el que murieron tres personas, sino también por las posibles omisiones en materia de seguridad fronteriza que habrían permitido al imputado ingresar a territorio mexicano con un arma de fuego calibre .45, pese a contar con antecedentes y una orden de restricción en Estados Unidos.
Chad, un estadounidense de 36 años, fue presentado ante una jueza de control e imputado por el doble homicidio y el intento de feminicidio de su expareja, Litzy, de 25 años, en hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado expuestas durante la audiencia judicial, Chad, quien es veterano de guerra y se desempeñó como policía de tránsito en San Antonio, Texas, conoció a Litzy en 2022.
Tras casarse y tener un hijo en 2023, comenzaron a registrarse episodios de violencia familiar. El hermano de la víctima declaró que, después de que Chad sustrajera al menor por primera vez, se emitió una orden de restricción para impedirle acercarse a Litzy. Tanto ella como su familia sabían que el imputado poseía una colección de armas y temían por su seguridad.
Pese a estos antecedentes, en julio pasado Chad condujo su vehículo desde Estados Unidos hasta México para llevar a Litzy a Saltillo. De acuerdo con los reportes expuestos en la audiencia, no se documentó que al cruzar la frontera norte las autoridades mexicanas realizaran algún filtro de inspección que permitiera detectar la orden de restricción vigente en Estados Unidos o confiscar el arma que presuntamente fue utilizada en el crimen.
Un testigo aseguró que el arma empleada en el ataque ya la había visto anteriormente en poder de Chad.
‘FALLA SISTEMÁTICA’ QUE CUESTA VIDAS
La tragedia se suma a una preocupante estadística en Coahuila. Un total de 249 mujeres han sido agredidas pese a contar con una medida de protección vigente desde 2025.
Para la activista coahuilense Sandra Soto, fundadora de la organización Serimar, el incremento de estos casos y tragedias como la de Litzy reflejan las deficiencias de un sistema que, en la práctica, no garantiza la seguridad de las víctimas.
“Definitivamente es una falla sistemática. Es muy desgarradora y, aparte, está documentada... No es suficiente un documento, no es protección”, afirmó.
La activista advirtió que las medidas cautelares resultan insuficientes en la práctica, debido a que los agresores incluso han llegado a romperlas frente a las propias víctimas, pues “para ellos no significa una medida de protección real”.
Soto señaló que las autoridades dictan las órdenes de restricción de manera burocrática y genérica, sin realizar, en todos los casos, un dictamen de peligrosidad del agresor o un análisis integral de riesgo.
En el caso de Chad, ejemplificó, debieron considerarse factores como su entrenamiento policial y militar, así como su acceso a armas de fuego.
“Se tiene que establecer por parte de las autoridades todo un protocolo, pero en donde de verdad se nos brinde la seguridad y las medidas de protección reales para poder garantizarnos la vida”, concluyó.
