Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres

En Coahuila existen formas de violencia contra las mujeres que aún no están reconocidas por la legislación local, lo que genera obstáculos para perseguirlas y sancionarlas con perspectiva de género.

Desde el año pasado y en las últimas semanas, legisladoras y colectivos feministas señalaron la intención de atender estos vacíos legales y acercar la justicia a las mujeres, fortaleciendo el marco legal para que contemple todas las formas de agresión que enfrentan las mujeres en la entidad y de esta manera garantizar que puedan acceder a mecanismos de protección y reparación.

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Una de las modalidades aún no reconocidas por la legislación local es el suicidio feminicida, definido como los suicidios de mujeres impulsados por situaciones de violencia o acoso. Según estimaciones de los colectivos locales, hasta el 90 por ciento de los suicidios entre mujeres en el estado podrían estar vinculados con actos de violencia, lo que ha llevado a la exigencia de investigar a fondo estos casos y considerar su reconocimiento legal como feminicidios encubiertos.

Aunque desde el 2024 se informó que colectivos como “Todas México” y “Constituyentes MX Feministas” trabajan en la elaboración de un proyecto legislativo en este sentido, hasta el momento no hay una propuesta presentada ante el Congreso local.

Otras formas de violencia permanecen pendientes desde legislaturas anteriores, como es el caso de la violencia mediática y simbólica, cuya integración al marco legal fue propuesta en abril de 2023 por la entonces diputada Lizbeth Ogazón Nava.

La iniciativa plantea reformar el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir actos que promuevan estereotipos sexistas, discriminación y desigualdad a través de medios de comunicación, así como cualquier conducta que cause daño simbólico, psicológico, sexual, físico, económico o patrimonial a mujeres y niñas; y para reconocer la violencia simbólica como forma de violencia, describiendola como “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, cosificación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Otra propuesta de la misma legislatura, presentada por la exdiputada Claudia Rodriguez, busca ampliar la definición de violencia física, en el mismo artículo, para incluir sustancias como ácido, cáusticas o inflamables, de modo que cualquier acto que cause un daño no accidental quede claramente tipificado.

La iniciativa señala que la violencia se vive en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, por lo que resulta necesario armonizar la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fortaleciendo la definición de violencia física para abarcar todo acto que cause daño no accidental.

Recientemente, la diputada Guadalupe Oyervides presentó nuevas iniciativas que actualmente se analizan en comisiones del Congreso. Dos de ellas buscan reconocer el derecho al parto humanizado, reformando la Ley de Protección a la Maternidad y la Ley Estatal de Salud, como respuesta a casos de violencia obstétrica en los servicios de salud.

Otra propuesta modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como violencia económica la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral.

Además, otra propuesta que busca incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona”, que contempla actos dirigidos contra familiares o allegados de la víctima con el fin de causarle daño, incluyendo manipulaciones en la guarda, custodia o patria potestad de los hijos, amenazas o retención de pensión alimentaria y cualquier acción legal utilizada para perjudicarla.