Coahuila: autoridades cumplen en menos de la mitad los llamados de CNDH por caso Allende

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que en poco más de la mitad de las recomendaciones que fueron emitidas por el caso conocido como la “Masacre de Allende”, las autoridades no han logrado cumplir los requerimientos.

Este 18 de marzo se cumplieron 13 años del caso que marcó a la región Norte de Coahuila, y que hoy incluso ha sido retratado en la serie de Netflix, “Somos”.

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Fue durante ese fin de semana del año 2011, cuando el cártel de Los Zetas, que tenía varios años establecido en la zona, emprendió una especie de ajuste de cuentas que dejó múltiples desapariciones y homicidios.

En el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 10VG/2018, donde fueron solicitadas a autoridades como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Coahuila, el Gobierno del Estado y el Gobierno de Allende, una serie de medidas acreditando que por acción u omisión cometieron violaciones graves a los derechos humanos.

En su totalidad, las autoridades recopilan 40 puntos recomendatorios, donde, por ejemplo, se requieren denuncias penales, reparaciones de daños, capacitaciones e incluso garantías de no repetición.

Sin embargo, del total de los puntos expuestos, a seis años de la recomendación, las autoridades únicamente han logrado comprobar que han cumplido en su totalidad en 14 de los puntos.

En otros 19 de los puntos recomendatorios, las autoridades han logrado aportar algunas pruebas de que, por lo menos, la petición fue aceptada y empezó a trabajarse en ello.

Las deudas más grandes sobre el tema las tiene precisamente el Ayuntamiento de Allende, quien de 10 recomendaciones, en seis de los casos no existe ningún tipo de prueba de cumplimiento, en tres solo hay pruebas parciales del cumplimiento y solo una ha logrado cumplirse adecuadamente.

Incluso, el Ayuntamiento de Allende es la única institución que fue recomendada sobre el caso, que cuenta con peticiones aceptadas pero sin ningún tipo de avance más que en la “emisión de una circular dirigida al personal de Seguridad Pública Municipal, para que, en el desempeño de su cargo, actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y no hagan detenciones arbitrarias”.

Uno de los puntos importantes que únicamente han tenido pruebas parciales y que fue emitida hacia el Gobierno del Estado, es la realización de un Censo que logre identificar cuántas de las personas de esa zona sufrieron el desplazamiento forzado por razones de violencia.

En ese sentido, la abogada Ariana García, del colectivo Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, dice que aunque las familias tuvieron razón de la realización de un Censo, éste no tuvo un formato abierto que diera la oportunidad a las víctimas de registrarse.

En el panorama amplio, la abogada asegura que la recomendación no se ha visto por cumplida hasta hoy en día, y que el hecho de que se reconozca a más víctimas de otros municipios como Villa Unión, Piedras Negras y Morelos, tampoco ha sido una realidad.