Coahuila: Padre y madre denuncian dilación judicial; ‘llevamos cuatro años en juicio y nos cancelaron las convivencias’
COMPARTIR
Delia Margarita Reyes y su esposo exigen la restitución de su hija de cinco años, señalando que el Juzgado Quinto de lo Familiar y la PRONNIF mantienen congelado su proceso con peritajes desactualizados y audiencias diferidas.
En el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias, colectivos de familias en Coahuila realizaron una manifestación pacífica en el Centro de Empoderamiento de las Mujeres.
En el lugar, VANGUARDIA platicó con Delia Margarita y su esposo, César Reyes, quienes denunciaron públicamente el calvario legal que enfrentan desde hace casi cuatro años para recuperar a su hija.
La pareja señaló que acumula dos años y medio sin poder convivir libremente con la menor, debido a supuestos actos de negligencia y favoritismo en el Juzgado Quinto de lo Familiar de Saltillo, donde consideran que únicamente se valida la postura de la parte demandante.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
De acuerdo con el testimonio de los padres, la controversia inició cuando los abuelos paternos de la niña, quienes inicialmente fungían como red de apoyo y cuidaban a la menor mientras la pareja trabajaba, interpusieron una demanda en la que los acusaron de abandono y de ejercer violencia en el hogar.
Los progenitores aseguran categóricamente que no existió abandono y sostienen que la niña convivió de manera continua con ellos hasta los cinco años de edad. Agregaron que cuentan con pruebas y fotografías que respaldan el entorno familiar en el que se desarrollaba.
Asimismo, explicaron que los conflictos señalados correspondieron estrictamente a desacuerdos de pareja y nunca a agresiones dirigidas contra la menor. Destacaron que ambos ya concluyeron en su totalidad las terapias psicológicas indicadas por las autoridades.
PERITAJES OBSOLETOS Y LA VOZ IGNORADA DE LA MENOR
Los padres aseguran que ya cumplieron con los requerimientos establecidos. La madre y el padre criticaron que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF), el Ministerio Público, las trabajadoras sociales y el Centro de Evaluación continúen justificando la separación con base en peritajes psicológicos realizados años atrás, sin investigar sus condiciones actuales de vida.
Aunado a ello, denunciaron que las autoridades judiciales no toman en cuenta la opinión de la menor, a pesar de que, según los padres, la niña les ha manifestado a través de mensajes de WhatsApp su deseo de regresar a vivir con ellos.
DESGASTE ECONÓMICO
Los padres indicaron que la dilación del proceso ha provocado un impacto financiero en su hogar. Detallaron que, de aproximadamente 30 audiencias programadas a lo largo de cuatro años de litigio, solo cinco se han llevado a cabo, mientras que cerca de 25 han sido aplazadas por inasistencias de psicólogos, trabajadores sociales, agentes del Ministerio Público, abogados de oficio o por ausencias de la propia jueza.
Cada suspensión o trámite adicional representa para la familia un desembolso de entre 3 mil y 4 mil pesos en honorarios legales.
Respecto al régimen de visitas, informaron que las convivencias que sostenían en el domicilio de los abuelos resultaban estresantes para la niña debido a los problemas existentes entre los padres y los abuelos, hasta que finalmente la jueza determinó la cancelación total de las convivencias desde febrero.
Los padres enviaron un mensaje a su hija, en el que le aseguraron que mantendrán la comunicación y continuarán luchando por todas las vías legales hasta lograr su reencuentro definitivo.
