Coahuila: Pide diputada exentar de ISR bienes entre exparejas tras divorcio
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Luz Elena Morales llamó al Congreso de la Unión a reformar la legislación buscando proteger el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica del patrimonio familiar
La diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, llamó al Congreso de la Unión a analizar y reformar el artículo 93 en su fracción XXIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de establecer como ingresos exentos la transmisión de bienes entre exparejas o ex concubinos cuando derive de convenios judiciales o sentencias de divorcio.
La legisladora explicó que actualmente la ley contempla la exención del impuesto en donaciones entre cónyuges, pero deja fuera los casos entre exparejas, lo que genera una carga fiscal para quienes formalizan acuerdos previamente establecidos ante un juez.
Señaló que esta situación afecta principalmente a mujeres, ya que en muchos casos los bienes adquiridos durante la relación se encuentran a nombre de una sola persona, regularmente el hombre en la relación, pese a que existió una contribución compartida. Al momento de regularizar la propiedad tras un divorcio, la transmisión es considerada un acto gravable al no encuadrar literalmente en el supuesto de “donación entre cónyuges”.
La legisladora, indicó que este tipo de operaciones no representan un ingreso real ni una actividad comercial, sino la formalización de un derecho derivado de la vida en común, por lo que imponer un impuesto puede convertirse en una afectación económica adicional.
“Es en esencia, la formalización de un derecho preexistente nacido de la vida común y forzar a una mujer, sobre todo a pagar el ISR en trámites de la transmisión de una propiedad que le corresponde por justicia distributiva tras años de vida en pareja. Es revictimizarla económicamente, por lo cual se le impone una carga fiscal sobre un bien que ya formaba parte de su entorno familiar, pero que por formalismos legales no estaba su nombre”, explicó.
La propuesta, dijo, busca garantizar el derecho a la vivienda y brindar certeza jurídica al patrimonio familiar, evitando que la carga tributaria limite el acceso a bienes que corresponden legalmente a una de las partes.
Finalmente, destacó que este planteamiento surge de un análisis conjunto con el notariado y forma parte de los esfuerzos por visibilizar obstáculos legales que impactan directamente en la vida cotidiana, particularmente en materia de igualdad y justicia patrimonial.
