Coahuila: Propone diputada tipificar como delito la violencia en el entorno escolar
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La iniciativa plantea sanciones de hasta cuatro años de prisión, agravantes para determinados casos y medidas de protección y reparación del daño para las víctimas
Ante los episodios de violencia registrados en distintos entornos escolares del estado y las dificultades de los planteles para atender esta problemática, este martes la diputada del Congreso del Estado, Magaly Hernández, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila de Zaragoza para reconocer expresamente la violencia en el entorno escolar y establecer sanciones para quienes incurran en estas conductas.
La propuesta plantea incorporar el capítulo tercero con cinco artículos, denominado “Violencia en el Entorno Escolar”, con el objetivo de ampliar la protección a quienes forman parte de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, maestras y maestros, madres y padres de familia, personas que ejerzan la guarda, custodia o tutela de estudiantes, así como personal directivo, administrativo, de supervisión y de apoyo de las instituciones educativas.
De acuerdo con la iniciativa, cometería este delito quien, dentro o fuera de las instituciones educativas, realice actos de agresión física o sexual, violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos contra una persona perteneciente a la misma comunidad educativa, cuando estas conductas atenten contra su integridad física, psicológica o emocional, o contra su vida.
HASTA CUATRO AÑOS DE PRISIÓN
La iniciativa establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 200 días multa. También plantea que el juez pueda ordenar que la persona sentenciada reciba tratamiento psicológico especializado.
Las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada; cuando el responsable se valga de una posición de autoridad, confianza o superioridad dentro de la comunidad educativa; cuando participen dos o más personas o se utilice a una tercera para cometer la conducta, y cuando se empleen tecnologías de la información o comunicación.
La propuesta también contempla derechos específicos para las víctimas, entre ellos recibir atención médica y psicológica, ser canalizadas a instituciones que proporcionen estos servicios y acceder a la reparación integral del daño. Además, establece que el Ministerio Público solicite las órdenes de protección necesarias para salvaguardar su integridad.
En el caso de mujeres, adolescentes, niñas y niños, la iniciativa plantea que las autoridades adopten medidas de protección y acciones reforzadas para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y proteger su vida, integridad, libertad, seguridad, bienestar y dignidad.
MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
El proyecto incluye disposiciones para los casos en que las conductas sean atribuidas a adolescentes. En estos supuestos se plantea privilegiar medidas de prevención, orientación, protección y justicia restaurativa, mientras que para conductas graves se aplicarían las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. También se establece la obligación de reparar integralmente el daño causado.
La propuesta incorpora un apartado sobre denuncias falsas, que contempla sanciones para quien formule ante el Ministerio Público o difunda públicamente una imputación que sepa que es falsa con el propósito de inculpar a una persona por violencia en el entorno escolar.
REPORTAN CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA
En la exposición de motivos, Hernández señaló que la violencia que se presenta en los planteles incluye acoso, agresiones físicas, amenazas, hostigamiento y violencia digital, conductas que, sostuvo, afectan a estudiantes y también a docentes, madres y padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa.
La iniciativa refiere que durante el año pasado se reportaron 45 casos de acoso escolar y que en algunos municipios las quejas por acoso y bullying llegaron a registrarse a un ritmo de hasta tres casos por semana. Además, se abrieron más de 26 expedientes por posibles actos de violencia sexual contra estudiantes dentro de planteles educativos.
Asimismo, de acuerdo con los datos expuestos en la iniciativa, cuatro de cada 10 maestras y maestros en Coahuila han enfrentado algún tipo de violencia dentro o fuera de la escuela. El documento también refiere registros recientes de agresiones contra madres y padres de familia y personal directivo dentro de los planteles.
La legisladora argumentó que la violencia en las escuelas representa un riesgo para la integridad, seguridad y dignidad de quienes integran la comunidad educativa, por lo que consideró necesario ampliar el marco jurídico para prevenir, atender y sancionar estas conductas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio.
