Coahuila registra una de las mayores reducciones de deuda pública en 2025
Aunque el nivel de endeudamiento general se mantiene en semáforo verde, algunos estados, aparecen en observación en indicadores relacionados con el servicio de la deuda
El nivel de endeudamiento de las entidades federativas en México se mantuvo dentro de parámetros sostenibles al cierre de 2025, de acuerdo con los indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dentro de este panorama, Coahuila aparece entre los estados que reportaron una de las disminuciones más significativas en su deuda pública.
Los datos oficiales señalan que, pese a que algunas entidades incrementaron sus compromisos financieros durante el último año, todas las entidades del país se ubicaron en el nivel de endeudamiento considerado sostenible, identificado con el semáforo verde dentro del sistema de monitoreo federal.
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El informe corresponde al cuarto trimestre de 2025 y muestra que 31 estados con financiamientos activos se mantuvieron dentro de los límites considerados estables. La única entidad que no forma parte de la medición es Tlaxcala, debido a que no tiene deuda contratada.
En este contexto, Coahuila se posicionó entre las entidades con una de las reducciones más notables en sus compromisos financieros, registrando una caída anual real de 8.8 por ciento en su deuda pública. La entidad aparece en el grupo de estados donde los ajustes a la baja fueron más marcados.
Entre las reducciones más significativas también se encuentran Querétaro con una caída de 39.8 por ciento, Hidalgo con 22.3 por ciento, Guanajuato con 18.4 por ciento y Colima con 9.1 por ciento. En la misma tendencia descendente figuran Tamaulipas y Campeche.
A nivel nacional, el saldo total de la deuda de las entidades federativas alcanzó los 686 mil 519 millones de pesos al cierre del año pasado, lo que representó una disminución anual real de 1.6 por ciento.
Los mayores montos de financiamiento se concentraron en algunos estados del país. Nuevo León encabeza la lista con 111 mil 510 millones de pesos en deuda, seguido por la Ciudad de México con 107 mil 264 millones y el Estado de México con 61 mil 774 millones.
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En el extremo opuesto se encuentran estados con niveles considerablemente más bajos de deuda pública, entre ellos Hidalgo, Campeche, Baja California Sur y Querétaro, cuyos saldos se ubican por debajo de los 2 mil 500 millones de pesos.
Aunque el balance general se mantiene en niveles considerados sostenibles, el sistema de monitoreo federal también detectó algunas señales de alerta en indicadores específicos.
Uno de ellos corresponde al indicador que mide el servicio de la deuda y las obligaciones respecto a los ingresos de libre disposición. En este rubro, algunos estados se ubicaron en semáforo amarillo, lo que indica un nivel de observación. Entre las entidades señaladas en esta categoría aparecen Durango, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.
Este indicador evalúa la proporción que representan los pagos de deuda respecto a los ingresos disponibles de cada estado. En el caso de Coahuila, el porcentaje reportado fue de 8.9 por ciento.
El Sistema de Alertas fue creado como parte de la Ley de Disciplina Financiera, un marco legal que regula el manejo de recursos públicos en estados y municipios. La legislación busca mantener finanzas sostenibles, controlar el endeudamiento y mejorar la transparencia en el manejo de los recursos.
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El mecanismo de evaluación utiliza tres indicadores principales para medir el nivel de endeudamiento de los gobiernos subnacionales: la relación entre deuda y los ingresos de libre disposición, el peso del servicio de la deuda en esos ingresos y las obligaciones a corto plazo frente a los ingresos totales.
A partir de estos parámetros se determina el nivel de endeudamiento de cada entidad, clasificándolo en tres niveles: sostenible, en observación o elevado.
De acuerdo con los datos más recientes, el país acumula tres trimestres consecutivos con todas las entidades dentro del nivel sostenible, un comportamiento que refleja cambios en el manejo financiero de los gobiernos estatales desde la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera en 2016.
(Con información de El Economista)
