Congreso de Coahuila exhorta a reforzar la supervisión de obras del programa ‘La Escuela es Nuestra’
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El llamado surge tras la muerte de un menor en San Pedro, Coahuila, por el colapso de una estructura financiada con recursos del programa federal
Con 13 votos a favor y 4 en contra de la bancada de Morena, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación Pública federal, a través de la Dirección General del programa “La Escuela es Nuestra” (DGLEEN), así como a las Secretarías de Bienestar y de Anticorrupción y Buen Gobierno, para que refuercen las acciones de supervisión, control, vigilancia y seguimiento de las obras de infraestructura física educativa financiadas mediante dicho programa.
El exhorto, impulsado por los legisladores de Alianza Coahuila y presentado en tribuna por la diputada Olivia Martínez Leyva, se originó tras el fallecimiento de un menor de 6 años, ocurrido la semana pasada en un plantel de San Pedro, Coahuila, cuando una estructura metálica que formaba parte de una techumbre en construcción se desplomó.
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Con este exhorto, Martínez Leyva subrayó que “no se trata de buscar responsables, sino de asegurar que cada obra escolar tenga la supervisión necesaria y que la comunidad escolar nunca esté sola en decisiones técnicas que implican riesgos”, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de las niñas y los niños en el estado.
El Congreso advirtió que los recursos del programa La Escuela es Nuestra mantienen su carácter federal, por lo que su asignación y ejecución deben ajustarse a las disposiciones jurídicas aplicables. Sin embargo, se detectó que la obra en San Pedro fue realizada sin autorización del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), ni de la Secretaría de Educación estatal o de Protección Civil, lo que evidenció omisiones en los procesos de validación y seguimiento técnico.
Los legisladores plantearon la necesidad de que cada obra financiada por el programa cuente con la validación de instancias competentes, como el ICIFED, cámaras de la construcción o personal profesional certificado, para garantizar la seguridad estructural y el correcto uso de los recursos.
“La participación ciudadana debe ir acompañada de responsabilidad institucional, y es el Gobierno quien debe asegurar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, transparencia y con seguridad”, subrayó.
