Coparmex Laguna alerta: fallo de la SCJN pone en riesgo la certidumbre para la inversión

TORREÓN, COAH.- La presidenta de Coparmex Laguna, Mary Carmen Reyes García, manifestó su preocupación ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual permite el congelamiento de cuentas bancarias sin requerir una orden judicial.

Según la dirigente, esta medida debilita la confianza y la seguridad jurídica necesarias para atraer capitales a México, lo que impacta directamente al empresariado regional.

Reyes García enfatizó que dicha resolución genera un clima de inestabilidad que compromete la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), ya que abre la puerta a intervenciones financieras basadas en presunciones y sin un procedimiento judicial estructurado.

“El impacto no se limita a la inversión extranjera; también golpea a las empresas locales que ya operan y que requieren reglas claras para mantener su crecimiento y funcionamiento cotidiano”, expresó.

La representante empresarial recordó que, según indicadores de Data Coparmex, basados en una muestra de más de 3 mil 800 empresas en 2025, el sector ya reportaba inquietudes significativas sobre el clima de inversión, la inseguridad, el exceso de burocracia y la complejidad regulatoria.

En este contexto, señaló que cerca del 26 por ciento de las unidades económicas encuestadas expresaron incertidumbre sobre el panorama económico y que esta cifra podría incrementarse ante fallos judiciales que, a su juicio, comprometen la solidez del Estado de derecho en el país.

Para la líder de Coparmex, el bloqueo de recursos financieros sin control judicial previo constituye una especie de “castigo anticipado”. Esta situación pone en riesgo la liquidez inmediata de los negocios, lo que podría paralizar sus actividades comerciales de manera abrupta.

Por otro lado, aclaró que el sector privado coincide en la necesidad de erradicar delitos como el lavado de dinero; no obstante, insistió en que los mecanismos de control deben ejecutarse bajo marcos legales estrictos, transparentes y debidamente fundamentados.

Concluyó que estas políticas influyen negativamente en el riesgo país y en la imagen de México ante los mercados internacionales. Por ello, instó a las autoridades a fortalecer la seguridad jurídica para asegurar un entorno que favorezca la actividad económica.