Vinculan a proceso a Chad ‘N’; permanecerá en prisión preventiva
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Considera jueza suficientes pruebas para seguir proceso por delitos de feminicidio y homicidio calificado cometido con ventaja
En una audiencia que se extendió por por tres horas y media, este martes una jueza de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Chad “N” por los delitos de homicidio y un doble feminicidio en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.
Tras agotarse el término solicitado por sus abogados para ejecutar esta segunda audiencia, Chad “N” fue presentado nuevamente ante la autoridad judicial para escuchar los detalles de la teoría del caso que formuló la Fiscalía General del Estado en su contra, tras los hechos que derivaron en la muerte de tres personas familiares de su expareja Litzy.
El caso se registró el pasado 4 de agosto, cuando uno de los familiares de las víctimas junto con uno de los vecinos cercanos a la calle Espinoza Mireles, encontraron a Ana Laura, Laura Jaqueline y Emmanuel sin vida, además de Litzy, quien era pareja de Chad, tendidos en el suelo por impacto de bala; los tres primeros sin signos vitales.
De acuerdo con los datos que han sido recopilados por la Fiscalía, en la denuncia del hallazgo, el señalamiento fue directo en contra de Chad, quien era pareja de la joven, Litzy de 25 años, pues además de la privación de la vida contra la familia, había sustraído al hijo menor de edad que ambos procrearon en 2023.
La pareja se conoció en Texas mientras Chad, quien es reconocido como veterano de guerra por el gobierno de Estados Unidos, era policía de tránsito y detuvo a Litzy para infraccionarla.
Según los testimonios aportados en las entrevistas de testigos no presenciales, Chad tenía por lo menos una denuncia interpuesta por Litzy por violencia, donde además del alejamiento a su persona, también se le privó del uso de armas, entre ellas, una que posiblemente fue la que utilizó para su ataque.
En los testimonios, también se recopiló que fue el pasado 2 de agosto cuando, durante una actividad de venta que realizó la familia de Litzy, la pareja sostuvo una discusión donde se acordó que Chad debía regresar a San Antonio, ciudad donde ambos residían.
Sin embargo, la Fiscalía aún no revela algún otro dato donde se amplíe la teoría de lo que pudo haber ocurrido previo a que Chad accionó el arma, para posteriormente sustraer a su hijo, llegando únicamente hasta Piedras Negras, donde fue detenido esa misma noche.
Por parte de su defensa, que ahora es privada, los abogados de Chad hicieron la solicitud de inimputablidad para su defendido, mostrando pruebas que acreditan esa calidad, al contar con diversos dictámenes psicológicos y psiquiátricos que indican que padece trastorno de estrés post traumático adquirido en su carrera dentro de la US ARMY del 2012 al 2015, donde participó en el intento de repeler una balacera en las calles de Texas.
De acuerdo con los abogados, esta información, que fue aportada y complementada en su historial por Cristine, la madre de Chad, señala en los dictámenes que al veterano, quien era especialista en conducción de tanques de guerra, se altera con los ruidos fuertes, cuando lo tocan y cuando se siente bajo amenaza.
En ese sentido, agregaron al perfil de Chad padece falta de energía, falta de libido, pérdida de memoria, falta de concentración y tiene ataques de pánico, miedo, horror, tiene pesadillas, además de que este era su tercer matrimonio y en todos ha tenido problemas derivados de los mismos, a la par de no tener registro de amigos.
La defensa también criticó que la Fiscalía no tuvo un adecuado registro de la cadena de custodia que se dio a los indicios del arma de fuego de donde se desprendieron casquillos que no fueron adecuadamente embalados y entregados con firma.
Sin embargo, aunque la defensa intentó plantear dichos argumentos, tras escuchar los datos de prueba que incluye más de 20 indicios de la escena del crimen, 700 fotografías y entrevistas con familias y testigos, y analizar el caso, la jueza Dorian Martínez determinó que existen elementos suficientes aportados por la autoridad para continuar investigando, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso.
Mientras que en la audiencia pasada, Chad comunicó ante el juez que padecía procesos de ansiedad y psicosis acreditadas tras la guerra, para esta audiencia, el Poder Judicial solicitó a la Policía de Acción y Reacción auxiliar para el resguardo de la audiencia en la periferia de las salas de audiencia, lo cual regularmente es encabezado y abastecido por la policía procesal.
Para el periodo de investigación complementaria, la jueza dictaminó como un primer periodo seis meses para que las autoridades continúen investigando y además impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al acreditar que Chad podría sustraerse de la acción de la justicia, como ocurrió inicialmente cuando fue detenido en la aduana del cruce México-Estados Unidos.
La audiencia se extendió durante tres horas y media, luego de que inició a las 15:30 horas. Durante el desahogo de los argumentos, la defensa insistió en solicitar que se reconociera la inimputabilidad de Chad, al señalar presuntas deficiencias en la cadena de custodia de las evidencias, cuestionar la fiabilidad de algunos procedimientos de criminalística de campo y señalar diferencias entre testimonios y pruebas practicadas al imputado.
Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con el arma asegurada en Piedras Negras. La defensa sostuvo que existían diferencias entre el informe elaborado al momento de la detención y el reporte posterior de un perito, pues en el primero se describía que en la camioneta había un arma desarmada de color café, sin hacer referencia a una pieza con la matrícula del arma.
Posteriormente, de acuerdo con lo expuesto en audiencia, un perito armó el arma, identificó el número de serie y realizó disparos de prueba para determinar si los casquillos localizados en la escena correspondían con ella. La defensa consideró que esta diferencia constituía una posible manipulación de la evidencia y de la información por parte de la Fiscalía General del Estado.
También fueron cuestionados los testimonios de dos vecinos que dijeron haber escuchado detonaciones el día de los hechos. La defensa señaló que las versiones hablaban de entre tres y cuatro detonaciones, mientras que en la escena fueron localizados 11 casquillos.
Otro de los argumentos estuvo relacionado con un informe médico con fecha del 29 de julio en el que se acreditaría el estrés postraumático referido, sin embargo según testimoniales citados por el MP Chad habría llegado a Saltillo con Litzy el 27 de julio. La defensa también cuestionó una videograbación integrada a la carpeta de investigación, debido a que, según expuso, fue entregada por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal y no por un perito en informática.
La defensa señaló además diferencias en las horas estimadas de muerte establecidas en el informe forense de las víctimas y cuestionó la forma en que se practicó la prueba de rodizonato de sodio al imputado. De acuerdo con sus argumentos, Chad no habría sido informado adecuadamente sobre el procedimiento y la traductora que se encontraba presente al momento de la práctica no estaba certificada.
Por su parte, el Ministerio Público cuestionó que la defensa hubiera presentado una copia simple del documento y que no se hubieran anexado los estudios mediante los cuales se acreditaban la ansiedad y el estrés postraumático. Por ello, argumentó que las pruebas no demostraban que al momento de los hechos Chad se encontrara en un estado de inimputabilidad.
El Ministerio Público agregó que, tras los hechos, Chad huyó del lugar y fue detenido en Piedras Negras. Según lo expuesto en audiencia, ese mismo día la familia tenía conocimiento de que pretendía regresar a Estados Unidos.
Como parte de la teoría presentada por la Fiscalía, se señaló que las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos serían compatibles con un ataque ocurrido mientras las víctimas se encontraban distraídas. En el lugar también se indicó que no fue localizada otra arma que permitiera establecer que Chad hubiera actuado después de sentirse amenazado. La representación social también rechazó que durante los hechos existieran elementos que acreditaran que Chad hubiera sufrido un episodio derivado del estrés postraumático.
Respecto a la cadena de custodia, el Ministerio Público sostuvo que la documentación correspondiente se encontraba en la bodega de evidencias y que a la defensa se le proporcionó una copia simple. También señaló que existen fotografías de la recolección y resguardo de los casquillos, por lo que consideró que no había elementos para poner en duda la cadena de custodia.
Sobre el arma, la Fiscalía explicó que el informe elaborado en Piedras Negras describió lo observado por los agentes al momento de examinar el vehículo, mientras que fue el perito quien posteriormente armó y revisó el arma, debido a que ésta se encontraba desarmada al momento de su aseguramiento.
En cuanto a la prueba de rodizonato de sodio, el Ministerio Público sostuvo que existen fotografías del procedimiento y que en ellas se observa al imputado siguiendo las indicaciones correspondientes. Sobre el número de detonaciones escuchadas por los vecinos, señaló que las diferencias podían responder a una percepción individual, sin que ello descartara sus testimonios.
Respecto a la videograbación cuestionada por la defensa, la Fiscalía argumentó que los agentes de investigación cuentan con facultades para aportar datos de prueba sin que necesariamente tengan que ser entregados por un perito en informática.
Durante la audiencia también se informó que no existe una denuncia por la presunta sustracción del menor hijo de Chad y Litzy.
Tras analizar los argumentos de ambas partes, la jueza Dorian Martínez determinó que existían elementos suficientes para establecer la existencia de los delitos y la probable participación de Chad en los hechos. Consideró acreditado, en esta etapa procesal, el homicidio calificado con ventaja de Emmanuel Montero y el doble feminicidio de Ana Laura y Laura Jacqueline, al estimar que existían elementos para establecer una razón de género relacionada con el vínculo familiar o de parentesco con las víctimas.
La jueza señaló que los datos expuestos permitían establecer, de manera preliminar, la probable autoría material de Chad en los hechos.
Casi al cierre de la audiencia, se decretó un receso de cinco minutos debido a que Chad se mostraba impaciente y con signos de ansiedad. La audiencia se reanudó y en punto de las 19:00 horas, la jueza dictó el auto de vinculación a proceso.
Además de la prisión preventiva justificada, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias en colaboración con autoridades nacionales e internacionales.
La próxima audiencia quedó programada para el 12 de febrero de 2027.