Destaca Torreón por tener papás que no pagan pensión alimenticia

TORREÓN, COAH.- En Torreón, la radiografía de la justicia familiar revela una tendencia contundente: de las 8 mil demandas que anualmente ingresan a los 5 juzgados especializados, alrededor del 70 por ciento corresponde a solicitudes de divorcio. En la mayoría de estos procesos se ventila la fijación de una pensión alimenticia, salvo en aquellos casos donde no existen hijos o la disolución se concreta por mutuo consentimiento sin controversia económica.

La magistrada de la Sala Regional en Torreón, Yezka Garza Ramírez, advirtió que el problema no radica únicamente en el volumen de casos, sino en el incumplimiento sistemático de las resoluciones judiciales en materia alimentaria.

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De los aproximadamente 5 mil 400 juicios en los que un juez o jueza determina el pago de pensión alimenticia, cerca del 40 por ciento no se cumple en los términos ordenados, lo que deriva en la promoción constante de incidentes para exigir el pago a los deudores.

“Los juicios siguen su curso precisamente por el incumplimiento en el pago de esa pensión alimenticia para sus hijos”, subrayó la magistrada, al enfatizar que estos procesos prolongan la carga de trabajo en los tribunales y, sobre todo, impactan directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

REGISTRO DE DEUDORES Y SANCIONES EN DEBATE

Torreón ha sido escenario visible del fenómeno de los deudores alimentarios, cuyos nombres han aparecido incluso en espectaculares como parte de acciones de presión social. Además, existe un registro formal de personas deudoras alimentarias que incluye tanto a madres como a padres que incumplen con esta obligación.

No obstante, la magistrada puntualizó que el objetivo no es la exhibición pública, sino la imposición de restricciones legales efectivas. Entre las propuestas que han impulsado colectivos destaca la limitación para obtener o renovar licencias de conducir, medida que aún no se ha materializado a nivel nacional.

Más allá de estas restricciones administrativas, Garza Ramírez señaló que la sanción más severa para quien incumple de manera reiterada puede ser la pérdida total de la patria potestad, es decir, la pérdida de derechos sobre sus hijas e hijos. Aclaró que se trata de una pérdida de derechos, no de obligaciones, ya que el deber de proporcionar alimentos subsiste.

“No es permisible que tengan a sus hijos en el abandono”, recalcó.

PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD PROCESAL

Cada denuncia presentada ante un juzgado familiar es turnada a uno de los cinco órganos jurisdiccionales para su admisión y radicación. A partir de ese momento, el juez puede pronunciarse sobre diversas medidas, entre ellas la pensión alimenticia, pensión compensatoria, medidas cautelares o depósitos judiciales relacionados con la guarda y custodia de niñas y niños.

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La magistrada explicó que el alcance de las resoluciones depende en buena medida de las pretensiones formuladas por las partes y de la estrategia legal planteada por sus representantes.

Si bien existe un procedimiento específico en materia familiar, subrayó la importancia de que las partes mantengan una actividad procesal constante, ya que el impulso del procedimiento es determinante para que el órgano jurisdiccional pueda resolver oportunamente cada una de las solicitudes.

En un contexto donde miles de familias atraviesan procesos de ruptura, la efectividad en el cumplimiento de las pensiones alimenticias se mantiene como uno de los principales retos para la justicia familiar en Torreón.