Diputado pide sanciones penales por ataque de perros; fiscalía aclara que no existe delito en la legislación
La Fiscalía General del Estado explicó que la legislación estatal contempla responsabilidad civil o administrativa, salvo en casos de perros entrenados para atacar.
Luego de que el pasado domingo una corredora identificada como Susana Puente Prado denunciara a través de redes sociales que fue atacada por dos perros mientras se ejercitaba en una plaza pública de Saltillo, el diputado del Partido Verde, Jorge Valdés, consideró que el dueño de los animales debería enfrentar sanciones legales además de las multas establecidas en la normativa municipal.
Según el testimonio de la afectada, el ataque ocurrió de manera repentina y le provocó lesiones físicas y una crisis de pánico que obligó a interrumpir su actividad. Puente Prado señaló que el propietario de los perros minimizó lo sucedido y no asumió responsabilidad alguna por la agresión.
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Ante ello, el legislador destacó la responsabilidad de los dueños de mascotas y recordó que el reglamento municipal establece que los perros deben ser paseados con correa y pechera, y que el incumplimiento puede generar multas de uno a 200 salarios mínimos, equivalentes a hasta 63 mil 500 pesos.
No obstante, señaló que, además de las multas, el responsable debería enfrentar sanciones penales por las lesiones ocasionadas a la afectada y por la falta de actuación ante el incidente.
“Si el ser sintiente causó una lesión a una persona, me puedo atrever a decir que el dueño de ese ser sintiente debe tener una responsabilidad de tipo penal”, afirmó.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que hasta este martes la afectada no ha presentado una denuncia formal. La institución aclaró que actualmente no existe un delito en la legislación estatal que contemple la responsabilidad penal del propietario de un perro por atacar o lesionar a una persona.
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Explicaron que únicamente se podría considerar penal si se tratara de un perro entrenado para atacar que actúe por órdenes de su dueño; en cualquier otro caso, la vía legal sería civil o administrativa.
