Empresarios de Coahuila, de acuerdo en incrementar el ISN, pero ‘ponen condiciones’

El sector empresarial de Coahuila está de acuerdo en que se incremente un punto porcentual la tasa del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), pero ha planteado “condiciones” para que eso ocurra, entre ellas crear un fideicomiso para la administración de los recursos, designar un consejo paritario para definir el destino de los mismos, o que se destine una porción de la recaudación al financiamiento de obras sociales.

En entrevistas por separado, dirigentes de organismos empresariales de las regiones Laguna y Sureste dijeron a VANGUARDIA que han sostenido reuniones informales con el gobernador electo, Manolo Jiménez, en las cuales ha sido abordado el tema, pero no existe ningún acuerdo firme al respecto.

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Donato Gutiérrez Gutiérrez, quien encabeza el Consejo Coordinador Empresarial de la Comarca Lagunera (CCECL), comentó que probablemente antes de finalizar septiembre sostendrán una reunión de trabajo formal con Jiménez Salinas en la cual expondrán sus inquietudes ante la posibilidad de que se incremente de 2 a 3 por ciento la tasa del ISN.

Señaló igualmente que los empresarios de la Región Laguna han expuesto la necesidad de que los ingresos adicionales -unos mil 600 millones de pesos, de acuerdo con lo que se prevé recaudar en 2024 por este concepto- se administren a través de un fideicomiso cuya dirección esté a cargo de un consejo integrado de forma paritaria entre representantes de la iniciativa privada y el gobierno.

Roberto Cabello Elizondo, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, señaló por su parte que existe un consenso favorable entre quienes integran las cámaras empresariales de todo el estado respecto del incremento en la tasa del ISN, pero coincidió en la demanda de crear un fideicomiso para administrar los recursos adicionales que se captarían.

El empresario saltillense también planteó la posibilidad de que hasta una quinta parte de la recaudación extra (unos 320 millones de pesos) se destine a “obra social”, es decir, que se entregue a organismos de la sociedad civil para el financiamiento de sus proyectos. Así ocurre en estados como Chihuahua y Nuevo León, aseguró.

Sin embargo, Donato Gutiérrez, del CCECL, se manifestó en contra de esta última posibilidad afirmando que el financiamiento de la obra social puede hacerse con recursos municipales o estatales, “pero que no sean del Impuesto Sobre Nóminas”.

Otros aspectos en los que no hay acuerdo aún en el sector empresarial, de acuerdo con las fuentes consultadas, es el número de personas que integrarían el Consejo para administrar el fideicomiso propuesto, el número de representantes que cada región de la entidad tendría en el mismo y la forma en la cual serían seleccionadas las obras a financiar con los recursos adicionales que se recaudarían.