‘Es desgastante’: Madre denuncia años de agotamiento legal y señala parcialidad del juez familiar en Saltillo

Un proceso legal de casi una década por pensión alimenticia y custodia de su hijo ha derivado en agotamiento emocional para la señora María, quien denunció ante VANGUARDIA falta de imparcialidad, dilaciones injustificadas y ausencia de perspectiva de género e infancia dentro del Juzgado Primero de lo Familiar de Saltillo.

El litigio inició en 2018 con la solicitud de pensión alimenticia en favor del menor, en la que la juzgadora a cargo fijó inicialmente un pago correspondiente al 20 por ciento de los ingresos netos del progenitor, suma que María indica que no fue cumplida por el demandado.

En 2021 ocurrieron episodios de agresión física en el domicilio de la madre, lo que llevó a María a interponer una denuncia ante el Centro de Empoderamiento.

CONTRADEMANDA

Tras sortear cuatro denuncias que el padre interpuso en su contra y que, indicó, fueron desestimadas por falta de pruebas, en enero de 2024 su expareja fue vinculada a proceso penal por violencia familiar e incumplimiento de obligaciones alimenticias.

María relata que, pese a contar con medidas cautelares, el imputado incurrió en hostigamiento fuera de la escuela del menor y en el domicilio de la víctima, motivo por el que un juez le impuso prisión preventiva por dos días antes de acordar una suspensión condicional del proceso, en la que se le exigió someterse a tratamiento psicológico y abstenerse de acercarse a la afectada.

‘SE LE ACABA LA INFANCIA A MI HIJO’

Durante la exposición de su caso, María sintetizó en una sola palabra el impacto emocional que ha dejado la dilatada batalla judicial: “En una palabra es desgastante... es desgastante. Y se acaba la infancia de mi hijo. Se acaba la infancia”.

La madre relató que el menor, de 10 años y diagnosticado con aptitudes sobresalientes, comenzó a manifestar cuadros de ansiedad, una baja en sus calificaciones y un paulatino rechazo a las convivencias, lo que atribuyó al trato de su padre. Argumentó que utilizaba dichos encuentros para descalificar a la familia y tratar de obtener información.

“Su papá tuvo muchos años para poder convivir con él, no lo hizo y en este momento el mismo niño se da cuenta de que el papá no quiere convivir con él, quiere molestarme, quiere demostrarme que él me va a ganar”, expresó la madre.

Asimismo, cuestionó la pasividad del juez familiar Daniel Abraham González Esquivel frente al trabajo diario de crianza: “¿Cómo le vas a dar un derecho igual al papá que no custodió, que nunca ha cuidado a un hijo en su vida, que no pasa las noches con los niños enfermos, ni hace tareas, ni ejerce disciplina... y sí quiere tomar decisiones en una crianza en la que no está participando, como el cambio de escuela?”.

María indicó que realizó el cambio de escuela porque está cerca de su trabajo, ya que ella lo tiene la mayor parte de la semana.

Añadió que, ante el cansancio acumulado tras años de litigar sin recibir equidad, en varios momentos prefirió ceder: “A mí se me agota de pronto la paciencia y eso es lo que pasa, que como me canso, pues cedo porque prefiero llegar ya a lo que él diga... Todos esos años yo he esperado justicia, por lo menos un trato igualitario y no lo recibo”.

SEÑALA ABOGADO PARCIALIDAD Y FAVORITISMOS

Por su parte, el abogado defensor de la ciudadana, Ricardo Giovanni Hernández, denunció que, a partir del cambio de titularidad en el juzgado con la salida de la juzgadora anterior, los escritos presentados por la madre tardan meses en ser acordados, mientras que las promociones de la contraparte son resueltas con celeridad, en menos de un mes.

Hernández enfatizó que se ha ignorado una petición formulada el 20 de julio de 2026 para escuchar al menor a solas e integrar un informe de afectación emocional, así como la notificación obligatoria al tutor legal nombrado desde 2018 para representar al niño. En contraste, criticó que el 22 de septiembre el tribunal autorizó el uso de la fuerza pública, multas de 3 mil pesos y apercibimiento de vista al Ministerio Público por desacato para forzar convivencias en una escuela donde el menor ya no estudia.

“No hay perspectiva de género porque hay una disparidad evidente entre las partes. En concreto, es un señor que no se hace responsable de su hijo... contra una madre soltera que se hizo cargo sola durante la mayor parte de la infancia”, aseveró el abogado Ricardo Giovanni Hernández.

El litigante hizo un llamado a que el órgano jurisdiccional actúe con equidad: “Que sea parejo, o sea, que se acuerden en el mismo tiempo a las dos partes, que no se extralimiten”.

ANTECEDENTES DE UNA PRESUNTA ‘RED DE FAVORES’

Esta denuncia por dilación y falta de imparcialidad en el tribunal familiar se suma a señalamientos previos, documentados por VANGUARDIA, donde otras madres de familia en Saltillo, como Gloria Guadalupe y María Fernanda, también han cuestionado las resoluciones del juez Daniel Abraham González Esquivel.

En dichos casos, las afectadas denunciaron la existencia de una presunta “red de favores” que otorgaría “justicia exprés” a exparejas con trayectoria en el ámbito judicial local y federal.