Exhiben trama del Partido Joven para defraudar con 6.4 mdp al IEC

Entre octubre de 2012 y diciembre de 2017 existió en Coahuila una organización política denominada Partido Joven (PJ). Su cabeza visible, Édgar Puente Sánchez, ha estado en el centro de múltiples polémicas y se le ha señalado más de una vez como presunto responsable de hechos delictivos.

Una de las tramas que involucra a dicho partido es expuesta en el reportaje “Crónica de un intento -frustrado- de fraude al IEC” que hoy se publica en Semanario, el suplemento de investigación de VANGUARDIA. En éste se relata cómo la organización dirigida por Puente Sánchez se las arregló para convertir al órgano electoral de Coahuila en “deudor solidario” de presuntos adeudos con 21 empleados de dicho Partido, entre ellos él mismo.

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La trama, desarrollada a lo largo de más de cinco años y medio, inició con un acto que a primera vista podría ser calificado como de buena fe, pero que visto en retrospectiva deja en evidencia la aquiescencia -cuando no la complicidad- de las autoridades que participaron en éste: el reconocimiento de adeudos laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) de Saltillo.

Fue el 14 de diciembre de 2017 cuando el entonces secretario General del PJ, Esdras Cuauhtémoc de la Cruz Hernández, acudió ante la JLCyA para suscribir 21 convenios individuales mediante los cuales se daba por concluida la relación laboral con presuntos empleados de ese Partido.

Extrañamente, sin embargo, a la firma de dichos convenios también acudió Humberto Domínguez Cabello, quien había sido designado por el IEC como interventor para la liquidación del PJ. En los convenios aparece como “responsable solidario”, es decir, su participación en estos consistió en comprometer al IEC al pago de la liquidación de los adeudos en caso de resultar insuficiente el patrimonio del Partido.

Fuentes de la JLCyA y abogados cercanos al caso, que hablaron para VANGUARDIA a condición del anonimato, afirmaron que el aval otorgado a tales convenios por parte de la autoridad laboral constituye la primera irregularidad del caso.

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Esto es así, explicaron las fuentes, porque el interventor designado por el IEC carecía de facultades para obligar “solidariamente” a la autoridad electoral y, en todo caso, el presidente de la Junta -en esa época Ricardo Aguirre Cuéllar- debió exigirle que exhibiera el poder correspondiente.

“Los convenios están afectados de vicios que implican su inexistencia, por lo menos en lo relativo a las obligaciones que le impusieron al IEC”, dijo una de las fuentes, quien abundó diciendo que el aval otorgado por la Junta invita a sospechar la existencia de un acto de complicidad.

Cinco años y medio después de suscritos -el pasado 26 de junio- los convenios intentaron ser cobrados, pero su monto original -591 mil 126 pesos en total- había crecido a 6 millones 435 mil 750 pesos debido a la existencia de una cláusula de penalización que implica el pago de 88 pesos y 36 centavos por cada día de retraso en el pago.

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Y aunque su liquidación fue requerida formalmente por la JLCyA, la misma autoridad dio marcha atrás y suspendió la orden cuatro día después de notificarla. Documentos a los que VANGUARDIA tuvo acceso indicarían que los presuntos exempleados del Partido Joven aún realizan gestiones ante la Junta para intentar el cobro.