Impone juez resguardo domiciliario y brazalete a menor violentador de gatitos; Alcalde de Acuña reprueba decisión

ACUÑA, COAH.- Un juez determinó que el menor de edad, señalado por un caso de violencia contra dos mascotas, enfrente su proceso bajo resguardo domiciliario y con brazalete electrónico, resolución que fue reprobada públicamente por el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, quien consideró que hechos de esta naturaleza no deben quedar impunes.

A través de un posicionamiento emitido en sus redes sociales este martes 18 de agosto, el Gobierno Municipal expresó su desacuerdo con la medida cautelar, aunque dejó claro que respeta las decisiones de las instituciones encargadas de impartir justicia. El Alcalde sostuvo que cualquier agresión contra personas o animales debe ser investigada y sancionada conforme a la legislación vigente.

Los hechos ocurrieron en días recientes en una vivienda de la colonia 5 de Mayo, donde una mujer adulta mayor habría tenido previamente una discusión con varios adolescentes. Posteriormente, presuntamente ingresaron al domicilio de la mujer sin autorización y agredieron gravemente a sus mascotas.

Los animales murieron como consecuencia de las agresiones. De acuerdo con los reportes difundidos por medios y organizaciones animalistas, posteriormente los restos de los animales habrían sido colocados frente al domicilio de la propietaria, circunstancia que incrementó la indignación por el caso.

Las primeras versiones señalan que estarían involucrados menores de 13 y 14 años. Uno de los adolescentes señalados fue localizado por elementos de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente fue presentado ante un juez.

Debido a que se trata de un menor, el procedimiento debe desarrollarse bajo el sistema especializado de justicia para adolescentes. La Fiscalía abrió una investigación por posibles delitos de crueldad y violencia contra animales, además de amenazas, allanamiento y daños en propiedad ajena.

La resolución judicial no representa una absolución, sino una medida cautelar para que la persona imputada continúe su proceso fuera de prisión, bajo las condiciones establecidas por el juez. El brazalete electrónico permitirá monitorear el cumplimiento de la medida y el resguardo domiciliario restringirá sus desplazamientos mientras avanza el procedimiento.

El caso generó atención debido a la naturaleza de los hechos denunciados y a la intervención de las autoridades municipales y estatales. Tras conocerse la situación, el Ayuntamiento manifestó su postura contra cualquier forma de violencia y reiteró que no debe normalizarse ni justificarse este tipo de conductas.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá coordinación con la Fiscalía General del Estado y aportará los elementos que estén a su alcance para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. La autoridad municipal también pidió que, una vez agotada la investigación, quien resulte responsable reciba la sanción correspondiente.

El Alcalde insistió en que su postura no implica desconocer las facultades del Poder Judicial, sino expresar la inconformidad del gobierno local ante una determinación que considera cuestionable por las características del caso.

Mientras continúa el procedimiento judicial, las autoridades deberán reunir y presentar los elementos necesarios para determinar si existe responsabilidad penal. Será durante las siguientes etapas del proceso cuando se definan las condiciones y, en su caso, las consecuencias jurídicas que correspondan.