Incrementan en Coahuila compraventa fraudulenta de bienes inmuebles; exigen medidas urgentes

La diputada por UDC, Norma García Mariscal, denunció en el pleno del Congreso del Estado un preocupante aumento de prácticas fraudulentas en el mercado inmobiliario de Coahuila que afecta a numerosos ciudadanos en el estado.

La legisladora destacó que estas transacciones ilícitas se han visto facilitadas por la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre los requisitos legales necesarios para la adquisición de propiedades como el régimen de tenencia de la tierra, las autorizaciones urbanísticas y la licencia de fraccionamiento, que suelen ser pasados por alto por los compradores.

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Entre los problemas que pudieran adquirir como propietarios de terrenos no regularizados, destacó la compra de predios hipotecados, con algún gravamen y bienes inmuebles que no están perfectamente regularizados.

El problema se ve agravado debido a la complejidad en la expansión de los servicios básicos por parte de los gobiernos municipales, que a menudo enfrentan dificultades para llegar a los nuevos asentamientos humanos irregulares, ubicados frecuentemente en las periferias de las ciudades o en terrenos con problemas técnicos, jurídicos o administrativos, que a menudo carecen de los servicios necesarios, generando graves inconvenientes para sus habitantes.

“La especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda, que sumado a los bajos costos ficticios y al estado de necesidad de un hogar propio, suelen resultar en una compra fraudulenta, ilegal o irregular, generando una problemática social para el municipio y adquiriendo problemas futuros como particulares”, explicó.

Con el objetivo de mitigar esta problemática, la diputada presentó un punto de acuerdo que fue respaldado por los diputados y diputadas con el que se envía un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, al Colegio de Notarios del Estado y a los 38 ayuntamientos del estado a implementar medidas más rigurosas para garantizar la certeza jurídica en la compra-venta de bienes inmuebles, además de buscar fomentar una cultura de asentamientos humanos regulares y alineados con los planes municipales de desarrollo y los planes directores de desarrollo urbano.