Culpa AHMSA al Gobierno Federal de su situación

La crisis que atraviesa la empresa Altos Hornos de México se deriva de la caída de los precios internacionales de acero, pero también por acciones y hostigamientos que he ejercido en su contra el Gobierno Federal desde el año anterior, expresó el vocero oficial de la empresa, Francisco Orduña Magnolia.

Sin embargo, ante la situación que ahora enfrenta la siderúrgica aunado a la presión que ejercen los proveedores a quienes se les adeuda recurso, asegura se mantiene el compromiso de que tan pronto se reactiven las ventas de activos en la empresa, se destinará la mayor parte de estos ingresos a solventar los adeudos.

Luego de darse a conocer que los proveedores locales de AHMSA planean ya manifestaciones por e incumplimiento de pago de facturas retrasadas por parte de la siderúrgica, se cuestionó a su representante de la situación que enfrenta la empresa, mencionó que Altos Hornos tiene una situación precaria en cuestión de finanzas que ha llevado al mínimo la capacidad de pagos de la empresa lo cual afecta a todos sus proveedores con retrasos considerables.

Dio a conocer que, a partir de inicios de marzo, AHMSA se ha mantenido operando con recursos propios, al 50 por ciento de sus niveles normales de producción, cerro unidades para centrar en las más eficientes y disminuir costos además redujo la contratación de servicios y con el apoyo de sus obreros y empleados, se han asumido internamente los trabajos que anteriormente realizaban los proveedores.

PERSECUCIÓN CONTRA ALTOS HORNOS Y SU PRESIDENTE

Orduña Magnolia, expreso que a la crisis que enfrenta AHMSA y lo cual no permite el pagar al cien por ciento los adeudos  a sus proveedores se deriva también de hostigamientos hacia la misma por parte del Gobierno Federal.

Dijo que si bien es cierto durante el 2019 y se detonó una contracción en el mercado siderúrgico, mismo que causó un efecto en la inversión pública, aunado a la caída del precio internacional del acero indicaron un ciclo negativo pero todo esto vino a emporar la problemática con la persecución de la administración de AMLO contra su presidente Alonso Ancira Elizondo.

Aunque se preparó con un programa de ahorro, eficiencia operativa y ajuste de producción todo se desintegro por el hostigamiento que hasta el momento continúa.

Consideró que la ilegal decisión de que se congelaran todas las cuentas bancarias de la empresa y subsidiarias originó un impacto financiero negativo que superó los 350 millones de dólares toda vez que se cancelaron los créditos revolventes y de corto plazo, hubo pérdida de clientes proveedores, surgió la exigencia de pagos anticipados por acreedores mismos que “vaciaron la caja de la empresa”.