Denuncian caso de desaparición forzada en Piedras Negras por parte de policías

La abogada Ariana García Bosque, denunció un caso de reincidencia de violaciones a derechos humanos contra corporaciones de la policía estatal, luego haber ocultado y extorsionado a tres miembros de una familia en Piedras Negras, entre quienes se encuentra una niña de tres años. 

De acuerdo con la denuncia, los miembros de esta familia fueron detenidos a las afueras de un centro comercial en la frontera, y trasladados a un centro de detención sin información y bajo incomunicación, para después solicitarles 150 mil pesos a cambio de su libertad. 

“Nosotros en compañía de la Guardia Nacional nos trasladamos al C4 y reconocieron haber detenido a estas personas y dijo que estas personas ya estaban a disposición del MP, y al llegar ya estaban cerrando los portones y empiezan a acuartelar más de 40 elementos”, expresó.

“No nos daban información, y así continuamos hasta las 6 de la tarde ahí, y ahí entra la Policía Civil de Coahuila, por lo que nos percatamos que habían trasladado a las personas hasta ese momento. Así estuvieron detenidos desde las 12, y hasta las 8 formalmente de la noche fueron puestos a disposición del MP. Es un tema de violaciones del proceso, a derechos por el tema de comunicación”, detalla.

Tras señalar a la Policía de Acción y Reacción quienes se llevaron a las personas adultas mayores y a la Policía Civil de Coahuila quien colaboró en lo posterior, Ariana García Bosque, dice que la familia ya habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos anteriormente por las mismas corporaciones.

La menor, también fue atendida hasta en lo posterior de la detención por parte de la Pronnif, y al día de hoy, el estatus de estas personas permanece bajo detención, mientras que la menor ya fue entregada a otros familiares.

Luego de haber puesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, la abogada denunció que desde el 2012 se han registrado más de 300 denuncias contra elementos por casos de desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones, que han permanecido sin ser investigadas y se han quedado en la impunidad. 

“Queremos exigir incluso los videos de las cámaras de los centros de detención para acreditar o desacreditar la presión que se exigen contra las personas detenidas. En estos casos cuando se quieren documentar las violaciones a derechos humanos, siempre nos dicen que no funcionan las cámaras, pero que no sea que un ciudadano hizo algo malo porque sale en la Televisión”, expresó. 

Por ello, la defensora hizo un llamado a las autoridades estatales y al ejecutivo Miguel Ángel Riquelme, reiterar con acciones los compromisos que ha hecho en pro de la materia de derechos humanos y combate a la tortura frente a las autoridades federales, acabando con las violaciones por parte de agentes policiacos, pues al tener dicha impunidad, lo que se implica es que estos elementos siguen estando al cuidado de la ciudadanía. 

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