Coahuila: Anexos, entre la necesidad y los riesgos

Los centros de rehabilitación para las adicciones, conocidos popularmente como anexos, tendrían que ser un asunto prioritario para las autoridades de salud. No sólo por la necesidad de atender a quienes enfrentan problemas de consumo de sustancias, sino por los riesgos que implica dejar esa tarea en manos de establecimientos que operan al margen de la regulación y que, en algunos casos, se han convertido en escenarios de maltrato y muerte.

Esta semana, el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna presentó el informe sobre salud mental en Coahuila, en donde, entre varios rubros, destaca el tema precisamente de las adicciones.

El 17 de septiembre, en una nota publicada por VANGUARDIA, el subsecretario de Salud, Iván Moscoso, informó que en Coahuila operaban 160 centros de rehabilitación que cumplían con la normativa. El dato contrasta con otro de los hallazgos del informe del CCI Laguna: el 83.4 por ciento de las personas recurre a centros informales o administrados por exusuarios.

La cantidad ya de por sí podría ser significativa, pues se trata de 4.7 centros por cada 100 mil habitantes o uno por cada 21 mil habitantes. Aunque la cifra permite dimensionar la presencia de estos espacios, es necesario evaluar la capacidad real de atención para conocer cuántas personas reciben tratamiento, cuántas camas están disponibles y qué proporción de quienes necesitan ayuda logra acceder a servicios profesionales.

Sin embargo, el informe del CCI Laguna refiere que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) posiciona a Coahuila por debajo de la media nacional de anexados por cada 100 mil habitantes: 3 mil 32 personas ingresadas en algún centro de rehabilitación en la entidad durante 2024.

Entre 2015 y 2021, el promedio anual de internos en el estado era de 2 mil; para los años posteriores, la cifra se incrementó. Además, 8 de cada 10 son hombres, y un alto porcentaje tiene entre 18 y 39 años; de igual manera, se observa que el 26 por ciento corresponde a menores de edad (12 a 17 años).

Asimismo, la CONASAMA reporta que en Coahuila se incrementó el número de personas que son internadas por el consumo de Estimulantes de Tipo Anfetamínico en los últimos años: el 54 por ciento de los anexados en Coahuila fue por este motivo.

No obstante, señala el informe que es importante aclarar que los datos muestran un sesgo, ya que se obtienen únicamente de aquellos centros regularizados. Es decir, el número de internos podría ser mucho mayor.

Y es ahí donde está el problema.

Si vigilar, inspeccionar y supervisar 160 centros ya representa un desafío para las autoridades, la tarea se vuelve más compleja cuando existe una cantidad indeterminada de establecimientos que operan fuera de los registros oficiales. ¿Quién verifica sus condiciones? ¿Quién comprueba que cuentan con personal capacitado, instalaciones adecuadas y protocolos para atender una emergencia? ¿Quién garantiza que las personas internadas no sean sometidas a castigos, golpes o tratos degradantes?

No son preguntas al aire: de acuerdo con un recuento periodístico, de 2024 a la fecha se han documentado 23 fallecimientos dentro de anexos de Coahuila. Habría que sumar los casos de presunto maltrato.

AL TIRO

El tema no es sólo señalar la existencia de 160 anexos “identificados”; la pregunta también es si están cumpliendo con su propósito.

No basta con conocer el dato de centros de rehabilitación y cuántos de ellos trabajan bajo las normas. Hace falta evaluar los resultados de los tratamientos, las condiciones de internamiento y la posibilidad de que los pacientes continúen su recuperación fuera de esos espacios.

El informe del CCI Laguna pone sobre la mesa una realidad que no se resolverá contando anexos ni celebrando que algunos cumplan con la normativa. Se debe determinar cuántas personas reciben atención adecuada, cuántas quedan fuera del sistema y cuántas ingresan a lugares donde su integridad no está garantizada.

Y sobre todo porque el número de personas adictas crece cada año.