Nava: se deslinda Líneas 1 de Mayo de señalamientos por huachicol
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La empresa exige a la revista Proceso revisar el sustento documental y retirar las menciones que la vinculan sin fundamento con el caso del empresario detenido en Eagle Pass
NAVA, COAH.- La empresa Líneas 1 de Mayo, con sede en Nava, emitió un posicionamiento para deslindarse categóricamente de la información difundida por la revista Proceso, publicación que la menciona en el contexto de las presuntas actividades ilícitas atribuidas al empresario Julio R. González, detenido en Eagle Pass, Texas.
A través de una carta dirigida a la Dirección de Proceso, la compañía rechazó cualquier vinculación con las actividades ilícitas descritas y con los esquemas atribuidos a las personas señaladas en el caso. Asimismo, sostuvo que el texto difundido no presenta elementos verificables que sustenten dicha relación.
En el documento, la empresa —cuyo nombre legal es Líneas 1 de Mayo, S.A. de C.V.— destacó que cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector del transporte industrial en México y el sur de Texas. Aseguró que su operación se rige por políticas y procedimientos orientados a prevenir el tráfico de sustancias, el traslado de mercancías ilícitas y el uso indebido de sus unidades, además de mantener un compromiso permanente con la seguridad y la tecnología.
La compañía señaló que la inclusión de su nombre en este contexto compromete injustificadamente su reputación y puede generar repercusiones en sus relaciones comerciales, así como en la confianza de sus clientes, colaboradores y sus familias.
EXIGEN RECTIFICACIÓN
Ante esta situación, Líneas 1 de Mayo solicitó formalmente a la revista que revise el sustento documental y la verificación realizada antes de incluir a la empresa en la publicación. De igual manera, pidió retirar los señalamientos que la vinculan sin fundamento con las actividades descritas y dar de baja las versiones que reproduzcan la información sin aclaración.
El posicionamiento de la empresa subraya que la mención de una compañía en una investigación periodística no constituye, por sí misma, evidencia de la comisión de un delito, por lo que resulta necesario distinguir entre la prestación de servicios comerciales y cualquier señalamiento relacionado con posibles actividades ilícitas.
