Prohíben a docentes revisar o decomisar celulares a alumnos en primarias de Coahuila

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Coahuila
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Dos maestras de primaria manifestaron estar a favor de la restricción, al considerar que los teléfonos celulares no tienen una utilidad pedagógica en las actividades escolares

La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), a través de la Dirección General de Educación Primaria, emitió las disposiciones oficiales para regular el uso de celulares y aparatos electrónicos en los planteles de educación primaria, las cuales entraron en vigor el 3 de noviembre de 2026.

En entrevistas, dos maestras de primaria de la entidad manifestaron estar a favor de la medida, al considerar que los teléfonos celulares no tienen una utilidad pedagógica en las actividades escolares.

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Asimismo, señalaron que menos del 20 por ciento de los estudiantes de primaria utiliza celular, pues los padres de familia suelen limitar su uso. Sin embargo, en otros casos, los dispositivos son proporcionados por los propios tutores para mantener contacto constante con sus hijos.

La restricción comenzó a aplicarse esta semana y, mediante un documento oficial, la Secretaría de Educación estableció que docentes y directivos tienen prohibido realizar decomisos masivos o inspeccionar mensajes, fotografías y otros contenidos personales almacenados en los dispositivos de los estudiantes.

Prohíben retención e inspección de contenidos personales

En la disposición, firmada por el maestro Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria, se precisa que, mientras se establecen los procedimientos estatales correspondientes, no podrán implementarse mecanismos de recolección generalizada ni retención de dispositivos como medida disciplinaria.

Asimismo, la normativa prohíbe al personal educativo solicitar contraseñas o revisar fotografías, mensajes, archivos y otros datos almacenados en los teléfonos de los alumnos.

Reglas de uso y excepciones autorizadas

Las indicaciones establecen que los estudiantes deberán abstenerse de llevar celulares y aparatos electrónicos a los planteles o utilizarlos durante las clases, el recreo y las demás actividades escolares.

Sin embargo, se contemplan excepciones por razones de salud, discapacidad, accesibilidad, emergencias personales o necesidad de localización durante los traslados, siempre que exista una notificación formal y por escrito de los padres de familia o tutores.

En estos casos, los aparatos deberán permanecer guardados. Por otra parte, su utilización con fines educativos únicamente estará permitida cuando responda a una actividad pedagógica previamente programada y supervisada por el docente.

Ante el uso no autorizado de un teléfono, la circular establece un procedimiento de carácter formativo: el docente solicitará al estudiante que guarde el dispositivo y le explicará los motivos. Si la conducta persiste, la dirección del plantel notificará a la familia para acordar medidas de acompañamiento.

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La disposición también prohíbe recurrir a exhibiciones públicas, amenazas, castigos físicos o acciones que impidan el acceso, la permanencia o la participación de los alumnos en las actividades escolares.

Para brindar tranquilidad a los padres de familia y tutores sin depender del uso del teléfono por parte de los estudiantes, las escuelas deberán informarles sobre los medios institucionales disponibles para establecer contacto directo durante la jornada escolar.

$!La normativa prohíbe a docentes y directivos realizar decomisos masivos de dispositivos o revisar su contenido personal.

Regulación para el personal educativo

El documento también instruye al personal directivo y docente a procurar que el uso de sus propios dispositivos responda a necesidades del servicio, actividades pedagógicas o situaciones de emergencia, evitando distracciones durante la atención del alumnado.

Finalmente, ante situaciones que puedan vulnerar la integridad de algún estudiante mediante el uso de estos aparatos, las escuelas deberán notificar de inmediato a la dirección y a las autoridades competentes, aplicar los protocolos correspondientes y evitar reproducir o difundir contenidos que comprometan la privacidad de las personas involucradas.

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Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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