PRONNIF protege a hermanos menores de ‘Los Cuates’ tras ataque en secundaria de La Unión de Torreón

TORREÓN, COAH.- La situación familiar de los jóvenes conocidos como “Los Cuates”, señalados como presuntos responsables del ataque ocurrido en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, derivó en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), que determinó poner bajo protección residencial a dos de sus hermanos menores, de 9 y 11 años.

La medida fue adoptada luego de que personal de la dependencia identificara posibles omisiones de cuidados y condiciones que podrían comprometer el bienestar emocional de los niños, quienes actualmente permanecen juntos en un centro de asistencia social, bajo seguimiento especializado.

Estrella Cardona Belmares, subprocuradora de la PRONNIF en la Región Laguna de Coahuila, informó que las primeras diligencias estuvieron encaminadas a localizar a otros menores vinculados con el núcleo familiar de los jóvenes investigados, así como a establecer las condiciones en las que se desarrollaban.

Mediante visitas domiciliarias e investigaciones vecinales, el personal confirmó la presencia de ambos hermanos y realizó una valoración inicial de sus derechos. Los resultados llevaron a establecer una medida temporal de protección, en coordinación con el DIF Torreón.

La funcionaria precisó que, si bien hasta ahora no existen elementos que permitan establecer un peligro inmediato para su integridad física o su vida, sí fueron identificados indicadores relacionados con posibles descuidos y alteraciones en su estabilidad emocional, aspectos que continúan bajo investigación.

Uno de los principales factores de preocupación, explicó, es la exposición de los niños a comentarios y señalamientos relacionados con la conducta atribuida a sus hermanos mayores, tanto dentro de su entorno cercano como entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Advirtió que este tipo de situaciones puede profundizar el daño emocional de los menores, particularmente cuando se les pretende relacionar con hechos en los que no tuvieron intervención ni responsabilidad alguna.

“Ellos no tienen la culpa de las acciones de sus hermanos”, expresó Cardona Belmares, al insistir en que la protección de los niños debe prevalecer sobre cualquier juicio o señalamiento social relacionado con el caso.

En ese sentido, pidió a la población y a los medios de comunicación actuar con responsabilidad y evitar expresiones que contribuyan a estigmatizarlos o que los presenten como personas propensas a desarrollar conductas delictivas por sus antecedentes familiares.

Como parte de las medidas implementadas, ambos menores reciben atención psicológica individualizada, acompañamiento de personal especializado y acceso a actividades recreativas, además de alimentación, alojamiento y los servicios necesarios para su desarrollo.

La subprocuradora detalló que un equipo multidisciplinario explicó a los niños los motivos de su estancia en el centro asistencial, procurando que comprendan su situación sin generarles mayor incertidumbre o angustia.

Asimismo, se ha procurado limitar su exposición a noticias, publicaciones y otros contenidos relacionados con las investigaciones que involucran a sus hermanos, con la finalidad de favorecer su recuperación emocional.

En cuanto al futuro de los menores, Cardona Belmares aclaró que su permanencia bajo resguardo no representa necesariamente una separación definitiva de su madre, ya que existe un procedimiento administrativo mediante el cual podrán evaluarse las condiciones para un eventual retorno al hogar.

Explicó que la madre tiene derecho a participar en dicho proceso y que cualquier determinación estará sujeta a los resultados de las investigaciones, particularmente en lo referente a las condiciones de cuidado, protección y estabilidad que pueda ofrecer a los niños.

Paralelamente, la PRONNIF analiza la existencia de redes de apoyo entre otros integrantes de la familia, con el propósito de identificar alternativas que permitan garantizar un entorno seguro en caso de que resulte viable una reintegración.

La legislación contempla un periodo de hasta 90 días para resolver la situación jurídica de los menores sujetos a resguardo residencial. No obstante, la funcionaria puntualizó que ese plazo no significa que exista una fecha establecida para su regreso con su madre.

Durante ese periodo continuarán las valoraciones interdisciplinarias y la coordinación con otras instituciones involucradas en la restitución de sus derechos, a fin de determinar las medidas que mejor respondan a sus necesidades.

“Es importante que no estigmaticemos a los niños ni los señalemos”, insistió la subprocuradora, al subrayar que su prioridad es evitar nuevas afectaciones y procurar que puedan desarrollarse en condiciones de seguridad, tranquilidad y respeto a sus derechos.

Cardona Belmares reiteró que la intervención institucional tiene un carácter preventivo y de protección, no de sanción hacia los menores, quienes enfrentan consecuencias emocionales y sociales derivadas de acontecimientos ajenos a sus propias acciones.