Propone Rubén Moreira, diputado por Coahuila, frenar bloqueos arbitrarios de cuentas bancarias
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Iniciativa plantea intervención judicial obligatoria y criterios probatorios definidos para evitar abusos contra usuarios
Con el objetivo de establecer límites claros a la actuación de las autoridades financieras, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para impedir el congelamiento de cuentas bancarias sin sustento legal sólido ni garantías procesales.
La propuesta del diputado federal por Coahuila surge en un contexto donde, según el legislador, existe la posibilidad de que una persona pierda el acceso a sus recursos únicamente con base en sospechas, sin la intervención previa de un juez.
Moreira Valdez advirtió que este tipo de prácticas vulnera derechos fundamentales, al permitir que una misma autoridad determine, ejecute y sancione, sin criterios definidos sobre lo que constituye un indicio suficiente.
GARANTÍAS LEGALES Y CONTROL JUDICIAL
El planteamiento legislativo busca establecer un marco normativo que obligue a que cualquier bloqueo de cuentas sea autorizado por una autoridad judicial, sustentado en pruebas objetivas y verificables.
Entre los puntos centrales, se contempla la necesidad de definir con claridad los elementos probatorios requeridos, así como garantizar el derecho de defensa de los afectados, evitando decisiones discrecionales basadas en presunciones.
El exgobernador de Coahuila subrayó que actualmente no existen parámetros precisos que delimiten estas acciones, lo que abre la puerta a posibles afectaciones contra personas que no han cometido delito alguno, en contravención al principio de presunción de inocencia.
Asimismo, enfatizó que la iniciativa no pretende obstaculizar el combate a la delincuencia, sino asegurar que este se lleve a cabo bajo principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, recordó que prácticas de este tipo pueden contravenir disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 14, 16 y 20, relacionados con el debido proceso y la seguridad jurídica.
Finalmente, señaló que la propuesta busca equilibrar la relación entre el Estado y los ciudadanos, garantizando que las acciones de autoridad no vulneren el acceso legítimo de las personas a su patrimonio.
