Repuntan quejas por ‘tratos crueles’ de autoridades federales a ciudadanos en Coahuila

De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2022 repuntó en Coahuila la cifra de quejas contra autoridades federales por actos considerados como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Además, fue la segunda entidad con más denuncias, sólo detrás de Durango.

Datos del Sistema Nacional de Alertas de la CNDH arrojan que, el año pasado, Coahuila registró 21 quejas contra autoridades federales por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son considerados actos de mayor impacto y México ha firmado su combate en tratados internacionales.

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Antes de ello, en 2018 Coahuila registró cinco quejas; luego, en 2019 se dieron siete; en 2020 bajó a seis y en 2021 fueron 14, por lo que en 2022 se registró la cifra más alta de los últimos cinco años.

Coahuila solo está por debajo de Durango en el panorama de las entidades que más quejas tienen, y después está Chiapas, con apenas 10 casos; de hecho, la entidad coahuilense está colocada en números rojos por el nivel de incidencia.

Los tratos crueles, inhumanos y degradantes son considerados de mayor impacto junto con otras violaciones como privación de la vida, donde Coahuila registró el año pasado un caso, al igual que en desaparición forzada, seis casos de detención arbitraria y 11 casos de negligencias médicas, mientras que en tortura no se tuvo incidencia.

Las autoridades más señaladas por ciudadanos en Coahuila son del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 de Ramos Arizpe, pero también aparecen la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración.

El Cefereso de Mesillas es el que mayor número de quejas ante la CNDH tiene en Coahuila por tratos considerados crueles, por lo que incluso este mes la CNDH emitió la recomendación 19/2023 por el caso de un interno que permaneció esposado durante un mes.

Ese caso ocurrió en febrero de 2021 al interior del penal, cuando un interno solicitó ser trasladado a otra celda por un cuadro de depresión que presentaba.

“Yo tenía un problema de depresión, por lo que solicité un cambio de módulo, el cual no me otorgaron, por lo cual le di un golpe al custodio, por lo que personal de seguridad me golpeó y sacó a una camioneta, me arrastraron y me jalaron de los grilletes de manos y pies, lesionándome mi cuerpo”.

“Me llevaron a un dictamen para después seguirme golpeando, después me llevaron a un módulo de segregación, me pusieron grilletes en manos y pies durante mes y medio, sin actividades [...] me tienen con un prototipo o chip y se burlan los oficiales, lo que me tortura día a día”.

Estas heridas fueron certificadas por los exámenes médicos que le fueron aplicados al interno, donde se dejó entrever que tenía severas y numerosas lesiones en su cuerpo.

“Escoriaciones dermoepidérmicas producidas por objeto contundente localizadas en varias partes de la economía corporal. 2. Hematomas múltiples al parecer producidos por objeto contundente localizado en cara, cabeza y tórax anterior y posterior. 3. Contusiones múltiples al parecer producidas por objeto contundente localizadas en varias partes de la economía corporal”, dice el examen.

Esta no es la primera vez que la CNDH ha llamado la atención a autoridades del centro penitenciario, pues en octubre del año pasado habían emitido una recomendación más en la que se reveló que un interno había sido abusado sexualmente.

En este tipo de recomendaciones, la autoridad debe comprometerse a no cometer este tipo de actos con un proceso llamado “garantías de no repetición de actos similares”, sin embargo, las quejas contra ese penal, por el contrario, han ido aumentado considerablemente, pasando de 169 en 2021 a 344 en el 2022.