Rubén Moreira, diputado de Coahuila, urge al Senado emitir reforma constitucional para salarios dignos
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El proceso legislativo permanece detenido pese a cumplir los requisitos constitucionales
El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó nuevamente un Punto de Acuerdo para exigir al Senado de la República la emisión inmediata de la declaratoria de reforma constitucional que formalice la modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, con el propósito de garantizar un ingreso mínimo —actualmente estimado en 18 mil pesos mensuales— para policías, elementos de la Guardia Nacional, médicos, enfermeras y maestros.
El legislador explicó que el exhorto busca destrabar un proceso legislativo que permanece detenido, pese a que ya se cumplieron los requisitos constitucionales, lo que ha impedido que los beneficios de la reforma se materialicen para miles de trabajadores del sector público.
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Moreira Valdez advirtió que la omisión por más de un año en la conclusión de este procedimiento representa un grave incumplimiento institucional, que afecta directamente el fortalecimiento del Estado de derecho y el ejercicio pleno de la democracia, además de perjudicar a quienes esperan la aplicación de la reforma salarial.
El diputado del PRI subrayó que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad ineludible de concluir, en tiempo y forma, el procedimiento de reforma constitucional, el cual incluye la emisión de la declaratoria correspondiente por parte del Senado.
En este contexto, el político coahuilense recordó que, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gobernación disponible en el Sistema de Información Legislativa, desde el 14 de octubre de 2024 se alcanzó el número necesario de votos de los Congresos Locales —17 en total— para proceder a la declaratoria de reforma constitucional, situación que, afirmó, no se refleja en la página oficial del Senado de la República.
Finalmente, Rubén Moreira enfatizó que la declaratoria de reforma constitucional no es un trámite administrativo menor, sino la etapa final del proceso legislativo, mediante la cual se reconoce formalmente la voluntad de la mayoría de los Congresos Estatales y se garantiza la legalidad y legitimidad de las modificaciones a la Carta Magna.