Rubén Moreira, diputado por Coahuila, exige respaldo a afectados por disturbios tras operativo contra líder criminal

Ante los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero en al menos 20 estados del País, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, advirtió que las personas afectadas por el despojo de vehículos, incendios de comercios y bloqueos carreteros enfrentan una doble afectación: la pérdida de su patrimonio y la falta de respaldo institucional para recuperar lo perdido.

El legislador del PRI señaló que, tras el operativo realizado en Jalisco para detener al líder de una organización criminal, cientos de ciudadanos quedaron atrapados en una espiral de violencia que dañó bienes particulares y negocios, situación que ahora se complica por trámites administrativos y criterios técnicos que podrían obstaculizar las reclamaciones ante las aseguradoras.

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Moreira Valdez subrayó que las solicitudes de indemnización deben resolverse conforme a derecho, evitando reclasificaciones que, en los hechos, terminan favoreciendo a las compañías de seguros y perjudicando a las víctimas.

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO ECONÓMICO

Mediante un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, el exgobernador de Coahuila pidió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a los órganos supervisores del sector asegurador implementar programas de acompañamiento efectivos para quienes perdieron bienes muebles e inmuebles durante los actos violentos.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Economía, así como a autoridades estatales y municipales, diseñar un programa emergente de apoyo dirigido a pequeños comercios y negocios locales, con prioridad para micro y pequeñas empresas que resultaron afectadas por una crisis de seguridad que, enfatizó, no provocaron.

El legislador también planteó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para que suspendan temporalmente el cobro de contribuciones y otorguen prórrogas en obligaciones fiscales y de seguridad social a personas físicas con actividad empresarial y compañías afectadas.

AGILIZAR INVESTIGACIONES Y GARANTIZAR JUSTICIA

De igual forma, Moreira Valdez llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías de los estados involucrados a acelerar las investigaciones, ya que sin documentación oficial las víctimas no podrán sustentar sus reclamaciones ante las aseguradoras.

El diputado federal sostuvo que el Estado mexicano no puede limitarse a celebrar la captura o abatimiento de objetivos prioritarios del crimen organizado sin asumir las consecuencias sociales y económicas que derivan de las reacciones violentas que dichos operativos generan.

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“La seguridad pública no puede medirse únicamente por la captura de líderes criminales; también debe evaluarse por la capacidad institucional de proteger el patrimonio y la estabilidad de las familias que quedan atrapadas en estos episodios”, afirmó.

Moreira Valdez recordó que la excepcionalidad reconocida por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros confirma la magnitud de los hechos, por lo que, dijo, la respuesta del Estado debe ser igualmente extraordinaria.

“No es aceptable que cientos de ciudadanos que fueron víctimas de despojo violento hoy enfrenten una segunda batalla, ahora en el ámbito administrativo y asegurador, para recuperar lo que legítimamente contrataron y pagaron”, concluyó.