Coahuila destaca por decisiones pioneras para proteger los derechos de las mujeres, dice Yezca Garza
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Magistrada del Poder Judicial destaca la capacitación constante de los operadores del sistema de justicia para atender de manera eficaz estos delitos
TORREÓN, COAH.- Coahuila se ha posicionado como un Estado pionero en la implementación de medidas contra la violencia de género y destaca por decisiones judiciales innovadoras en materia de violencia vicaria, afirmó la magistrada del Poder Judicial, Yezka Garza Ramírez.
Este liderazgo se refleja tanto en la creación de marcos jurídicos robustos como en la capacitación constante de los operadores del sistema de justicia para atender de manera eficaz estos delitos, comentó.
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Además, la colaboración entre poderes y organismos autónomos ha permitido fortalecer las estrategias de prevención y atención a las víctimas, lo que ha generado un impacto positivo en la percepción social sobre la protección de los derechos de las mujeres, dijo la entrevistada.
Señaló que se ha logrado la visualización de los derechos de las mujeres y de tener instituciones fuertes de protección bajo un enfoque diferenciado y en lo que se refiere a la violencia vicaria, es una modalidad que aparece en el Código Penal del Estado sobre el delito de violencia familiar, igual que la violencia psicológica, violencia física y violencia económica.
Esta inclusión en la legislación estatal responde a una demanda social de reconocer todas las formas de afectación a las mujeres y sus familias, considerando la complejidad de los contextos en que se ejerce la violencia, agregó Yezca Garza.
Asimismo, las autoridades han buscado sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de identificar y denunciar cada una de estas modalidades, para erradicar patrones de impunidad.
En la entidad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia regula, previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, reconociendo a los hijos también como víctimas, una vez que el Ministerio Público tiene los recursos para llevar un proceso de judicialización.
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Esta ley, alineada con la normativa federal, establece protocolos claros y mecanismos de protección inmediata, lo que ha permitido que más víctimas accedan a justicia y acompañamiento integral durante todo el proceso.
La implementación de esta legislación ha sido acompañada por campañas de información y servicios de atención multidisciplinaria, reforzando el compromiso del estado con la construcción de entornos seguros y libres de violencia para mujeres, niñas y niños.