Buscan sancionar a los servidores públicos en casos de desaparecidos

Tras una reunión de unas seis horas, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, solicitó a familiares de personas desaparecidas de la región norte, noreste y centro, un informe sobre funcionarios que pudieron participar en delitos y violaciones a los derechos humanos y que hoy están refugiados en alguna dependencia pública.

El encuentro que se llevó a cabo en las oficinas del Obispado, tuvo como eje la presentación de las demandas que han manifestado los colectivos a lo largo del tiempo, así como la creación de los acuerdos.

En la reunión estuvieron unos 60 integrantes de colectivos de Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, así como los seis colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila y organismos civiles defensores de los derechos humanos.

Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, informó que entre los principales acuerdos, se contempló la confirmación de la declaración de emergencia nacional por crisis de desapariciones en México, ratificando  lo hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de diciembre.

“Además se va a trabajar en un plan de emergencia por la desaparición y otras graves violaciones a los derechos humanos de toda la región Centro, Norte y Noreste del país”, detalló.

También, los colectivos manifestaron la solicitud ante Encinas para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad del país implementen un mecanismo internacional contra la impunidad. Aunado a eso, los colectivos pidieron que todos los funcionarios que hayan sido acusados por algún delito de este tipo y que estén refugiados en alguna dependencia federal serán investigados.

Avanza integración de Consejo de Búsqueda de Desaparecidos

La directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez, informó que será el próximo viernes cuando se empiecen a tomar decisiones sobre la integración del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Dicho consejo, que se adhiere a la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda, estará integrado por cinco familiares directos de personas desaparecidas, dos académicos y expertos en la materia, así como un representante de organismos civiles de derechos humanos.

Martínez dijo que los ahora seis colectivos de familiares de personas desaparecidas que existen en Coahuila serán quienes propongan al menos a tres familiares directos que sufran la problemática del no hallazgo de sus seres queridos, para ocupar un lugar en el consejo.

Por otra parte, Silvia Ortiz, dirigente del colectivo de familiares de personas desaparecidas Grupo VIDA, informó que la fosa clandestina que se encuentra en proceso de recuperación de restos tardará al menos tres años más debido a las grandes cantidades de restos humanos que han sido encontradas en el lugar y que faltan por recolectar.

Ortiz es madre de Stephanie de Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en el 2004.