Coahuila: Busca diputada que ley reconozca la intención de causar daño como violencia contra las mujeres
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Guadalupe Oyervides presentó una iniciativa para incluir en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia las conductas que pretendan causar daño, aunque este no llegue a materializarse
Con la intención de ampliar la protección jurídica de las mujeres y reconocer las conductas que buscan causarles daño, aun cuando este no llegue a materializarse, la diputada Guadalupe Oyervides presentó este martes una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Coahuila.
Actualmente, la legislación define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su sexo que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado.
La iniciativa propone modificar este apartado para establecer que se entenderá por violencia cualquier conducta que “cause o pretenda causarles la muerte, daño o sufrimiento”, con lo que se busca que la protección jurídica no dependa exclusivamente de que exista una afectación consumada.
En la exposición de motivos, Oyervides señaló que los marcos normativos deben reconocer las distintas formas en que la violencia puede afectar el bienestar, la autonomía, la libertad y la seguridad de las mujeres. Asimismo, sostuvo que la obligación del Estado no debe limitarse a atender los casos en los que el daño ya se produjo, sino también contemplar medidas para prevenirlo.
De acuerdo con cifras citadas por la legisladora, el porcentaje de mujeres que reportaron haber experimentado algún episodio de violencia a lo largo de su vida pasó de 66.3 por ciento en 2016 a 72.3 por ciento en 2021.
La propuesta aclara que incorporar la intención de causar daño no implica eliminar los elementos necesarios para acreditar una conducta ni establecer sanciones de manera automática, sino ampliar el alcance de la protección jurídica.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad y no Discriminación del Congreso del Estado, donde será analizada para la elaboración del dictamen correspondiente.