Denuncian fraude en Saltillo; afectados pagaron por supuestos trámites para mejorar pensión del IMSS
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La diligencia fue solicitada por la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación para recabar evidencia sobre la presunta captación y manejo de recursos de víctimas
Diversas denuncias señalan un presunto fraude contra personas interesadas en mejorar el monto de su pensión, luego de acudir al despacho 704, situado en el piso 7 de la torre en Plaza Santa Isabel, al norte de Saltillo, tras ver anuncios promocionales en Facebook.
De acuerdo con los afectados, en la publicidad se ofrecía aumentar el monto de la pensión mediante supuestos trámites especializados, lo que motivó a varios usuarios a acudir al lugar para solicitar información.
Una vez en el despacho, presuntamente se les solicitaba realizar depósitos de dinero como parte del proceso, bajo la promesa de gestionar su incorporación a la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
No obstante, los denunciantes señalaron que, tras efectuar los pagos, el trámite nunca se llevó a cabo y tampoco recibieron respuesta posterior por parte de los responsables, por lo que decidieron alertar a otros ciudadanos para evitar que más personas caigan en este tipo de engaños.
JUEZ ORDENA CATEO
Un oficio fue pegado en la puerta del mencionado despacho, mismo que indica que la orden fue dictada el 25 de marzo de 2026 por el Lic. Luis Guillermo Elizondo Benavides, Juez de Control del Distrito Judicial de Saltillo, y surge a raíz de una solicitud de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado (causa penal 0173/2026).
De acuerdo con el documento oficial, el Ministerio Público busca recabar evidencia relacionada con la captación y administración de recursos financieros. Los agentes tienen la instrucción de localizar y asegurar:
Efectivo relacionado con aportaciones de las víctimas.Contabilidad informal: Libretas, agendas y registros de pagos.Documentación legal: Contratos, recibos, pagarés y estados de cuenta bancarios.Equipos tecnológicos: Computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento (USB y discos duros).
La autoridad judicial otorgó una vigencia de tres días para ejecutar el mandato, estableciendo como fecha límite las 18:00 horas del próximo 28 de marzo de 2026. De no cumplirse en este plazo, la orden quedará sin efecto.
El juez autorizó explícitamente el uso de la fuerza pública y la intervención de cerrajeros en caso de ser necesario para el ingreso al inmueble. El operativo estará encabezado por el Agente del Ministerio Público, José Norberto Cuevas García, acompañado por un equipo de agentes de investigación criminal y peritos especializados.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre de la empresa o los particulares investigados, manteniendo la reserva para no entorpecer el curso de la indagatoria que busca esclarecer el destino del dinero entregado por las presuntas víctimas.
