Saltillo: al ser inhabitable, casa del Country pasa 10 años en ‘tortuoso camino’ legal...y juicio sigue
La familia afectada compartió a VANGUARDIA el camino que ha seguido para encontrar justicia ante las deficiencias en la construcción de su vivienda al norte de Saltillo
El pasado 6 de septiembre, el arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido en redes sociales como Juve 3D Studio, expuso el caso de una casa que fue entregada a una familia saltillense con serios problemas estructurales, lo que la volvió inhabitable.
El profesionista y creador de contenido calificó el hecho como “el peor caso de negligencia que conozco” ante las evidentes deficiencias de construcción.
Sobre el caso se compartió en exclusiva a VANGUARDIA una relatoría que cuenta, además, el camino legal que han atravesado desde 2016 y que hasta la fecha no ha sido resuelto, a pesar de las notorias evidencias que se aprecian en la vivienda del fraccionamiento Country Club.
En el año 2016, la familia presentó una denuncia formal en contra de la persona que les vendió la vivienda, originada por los diversos daños que presentó el inmueble y que afectaron a los propietarios.
“Los daños que presentó el inmueble eran atribuibles fácilmente a la deficiente construcción”.
Como parte del proceso penal, se llevaron a cabo distintos actos de investigación para determinar el estado físico de la casa, entre ellos peritajes especializados sobre la construcción que dictaminaron que no era habitable.
Ante los resultados de los dictámenes periciales que confirmaron la gravedad de las fallas estructurales, se solicitó una audiencia para formular la imputación formal contra el vendedor de la casa.
Durante la audiencia de imputación, la cual es conocida legalmente como audiencia inicial, el Ministerio Público debe presentar los cargos. En esa etapa también se da la oportunidad de contestar a la persona investigada, para posteriormente resolver el juez si el caso se acepta y se vincula a proceso.
Fue en fecha de 29 de agosto de 2018 cuando la autoridad judicial determinó proceder formalmente contra el vendedor, vinculándolo a proceso por el delito equiparado al fraude de obras o materiales incompletos o de calidad inferior a los convenidos.
En respuesta a esta decisión judicial, el ya imputado y su defensa interpusieron un recurso de amparo, mismo que se le niega al imputado ya que resolvió confirmando la vinculación a proceso y la traslación del tipo penal contra el presunto responsable.
El proceso penal continuó en una fase legal ahora llamada investigación complementaria, en la que el investigado tiene dos opciones formales: negociar o prepararse para un juicio.
“El investigado nunca buscó la negociación, optó por enfrentar un juicio”, afirmó la representación legal de las víctimas.
Con esta decisión del acusado, el caso dio paso a la etapa intermedia, que consiste en la etapa en que se prepara el juicio oral. Dicha preparación se realiza mediante el ofrecimiento de pruebas por parte del investigado, el Ministerio Público y las personas víctimas.
El trámite desde la presentación de la denuncia hasta la audiencia en que se preparó el juicio oral demoró ocho años: “Debido a las inconformidades, quejas, apelaciones y amparos presentados por el investigado y su defensor, o en algún momento también la víctima, transcurrieron ocho años”.
SUPRESIÓN DEL DELITO DE FRAUDE
Llegado el día del juicio oral, programado para el día 24 de junio de 2024 después de todo ese tiempo, el tribunal determinó considerar que no podría haber juicio para este caso en particular.
El tribunal argumentó que, al cambiar la ley en el año 2017, el delito por el que se había acusado había desaparecido en el nuevo Código Penal de Coahuila, lo que legalmente se llama supresión del tipo penal de fraude equiparado.
La autoridad judicial consideró la supresión del tipo penal basándose en que los hechos habrían ocurrido antes de 2017 y argumentó que con el nuevo Código Penal quedó derogado o suprimido el tipo penal de fraude por el que se había acusado originalmente.
Esta circunstancia generó la inconformidad inmediata de las víctimas, quienes consideraron que no se estaba garantizando la justicia. “Les resultaba absurdo, puesto que utilizaban un tema que ya estaba superado en instancias federales y no se cumplía con el estricto apego a las reglas del debido proceso”, comentó el equipo legal.
TRIBUNAL ORDENA REPONER EL JUICIO
Ante esa resolución que concluía el proceso a favor del acusado, se presentó una apelación por parte de la representación legal y de la víctima, y se presentó un amparo directo para revertir la cancelación del juicio.
El amparo directo interpuesto por las víctimas resultó procedente en el año 2026 y un tribunal federal ordenó reponer el proceso al momento de la audiencia de juicio oral para analizar correctamente lo relacionado con la supuesta supresión del tipo penal.
Con la resolución del tribunal federal, el juicio oral deberá continuar su curso en los tribunales locales para deslindar responsabilidades, por lo que la audiencia legal para reanudar el proceso y continuar, en su caso, el juicio oral ocurrirá el próximo 12 de octubre del presente año.
El desgaste que ha representado para la familia buscar justicia por las fallas estructurales de su patrimonio desde la denuncia inicial “hasta el día de hoy, 10 años de un tortuoso camino”, señalan.
