Saltillo: Entrega colectivo propuesta de movilidad a todos los partidos políticos
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Transporte Digno Saltillo propone que se homologuen las leyes coahuilenses con las correspondientes Normas Oficiales Mexicanas
Durante el pasado mes de febrero, el colectivo Transporte Digno Saltillo entregó de manera física a los partidos políticos locales una Plataforma Ciudadana y Política en Materia de Movilidad.
El documento establece la necesidad de transformar el modelo de transporte actual en el marco del proceso electoral que renovará el Poder Legislativo estatal este 2026.
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La agrupación señaló que la movilidad debe entenderse como un derecho humano universal, interdependiente e inalienable, consagrado en el Artículo 4° constitucional.
En su análisis, el colectivo subrayó que la realidad operativa en las cinco regiones de Coahuila muestra una brecha significativa entre el mandato legal y la experiencia diaria de los ciudadanos.
“La movilidad se reconoce como un ‘derecho llave’, cuya vulneración desencadena una serie de fallos en el sistema de protección social”, expuso el reporte técnico entregado a las organizaciones políticas.
Argumentó que no es posible garantizar derechos como la salud o la educación si los traslados son inaccesibles o inseguros.
También afirmó que legislar sobre movilidad es, en esencia, legislar sobre la justicia social y la equidad territorial en la entidad. Asimismo destacó que el desarrollo económico del estado, impulsado por el fenómeno del nearshoring, depende de una conectividad regional que no segregue a las personas por su nivel de ingresos.
TRANSICIÓN HACIA EMPRESA PROPIEDAD CIUDADANA
Una de las propuestas centrales de la plataforma ciudadana es la creación de la Empresa de Propiedad Ciudadana (EPCI) para administrar el servicio de transporte público colectivo.
Este modelo busca ciudadanizar la gestión del transporte, permitiendo que los usuarios sean accionistas y supervisores directos de la operación diaria.
“La EPCI representa la propuesta más coherente y robusta para resolver la deuda histórica de movilidad en Saltillo”, señaló el colectivo en su documento. El esquema divide la participación en un 40 por ciento para la ciudadanía, 20 por ciento para el ayuntamiento, 20 por ciento para la iniciativa privada y 20 por ciento para los actuales concesionarios.
Respecto al marco legal, el colectivo denunció una “omisión legislativa prolongada” por parte del Congreso de Coahuila al no armonizar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV). El plazo legal para realizar dicha armonización expiró en noviembre de 2022, sin que hasta la fecha se haya cumplido el mandato federal.
“La entidad permanece con una calificación reprobatoria en los índices de cumplimiento normativo, obteniendo apenas 18.5 de 57 puntos posibles”, afirmó la organización.
Esta falta de adecuación impide aplicar herramientas para reducir velocidades en zonas urbanas o establecer exámenes prácticos obligatorios para licencias de conducir.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS
El reporte técnico enfatizó que la próxima Legislatura debe vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) emitidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El colectivo mencionó específicamente la NOM-004-SEDATU-2023, la cual establece especificaciones técnicas para que el diseño de las calles esté centrado en las personas y no solo en automóviles.
“En Coahuila, la construcción de nuevas vialidades sigue ignorando criterios básicos de la NOM-004, como los anchos mínimos de banquetas libres de obstáculos”, expusieron.
Asimismo, señalaron que la NOM-034 es vital para garantizar señalización uniforme y límites de velocidad claros que protejan a ciclistas y peatones.
La plataforma también abordó la relación entre la movilidad, la violencia y el desplazamiento interno forzado en el territorio coahuilense.
Se detalló que la infraestructura vial se ha convertido en ocasiones en un escenario de riesgo donde se normaliza la privación de la libertad en carreteras federales y alimentadoras.
“La desaparición forzada de personas ha alcanzado niveles críticos, con más de 3 mil 300 personas desaparecidas registradas hasta 2023”, señaló el documento.
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El colectivo expuso que las personas desplazadas por la violencia que llegan a ciudades como Saltillo o Torreón enfrentan una nueva forma de exclusión por la falta de transporte hacia las colonias periféricas.
Finalmente, el colectivo propuso la creación de un Fondo de Movilidad Sostenible financiado con el 7 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN).
El objetivo de este fondo sería garantizar recursos permanentes para el mantenimiento del sistema integral de movilidad y la construcción de infraestructura peatonal y ciclista.
