Saltillo: Votamos para que el Poder Judicial deje de proteger a feminicidas y agresores

En Coahuila, el dolor por la pérdida de una hija o una hermana no termina con una sentencia. La lucha por la justicia se extiende por años ante un sistema judicial que, a nivel federal, ha permitido beneficios a favor de agresores ya sentenciados.

Este domingo, familiares de las víctimas acudieron a votar y otras personas decidieron anular su voto para exigir que el Poder Judicial deje de operar a favor de los violentadores.

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Araceli Arzola es madre de Valentina, una niña de 11 años que decidió terminar con su vida el 9 de junio de 2022, luego de haber sido víctima de violencia sexual por parte del subdirector de su escuela primaria en Saltillo.

El hombre, Gerardo “N”, fue vinculado a proceso por violación equiparada en agravio de otra menor y, posteriormente, también por el caso de Valentina. Sin embargo, pese a las pruebas y a una sentencia de 40 años por el primer caso, la justicia federal ha abierto en distintas ocasiones la puerta para que el agresor continúe su proceso en libertad.

“Los amparos se los daban de un día para otro, cuando sabemos que eso puede tardar años. ¿Quién lo protegía tanto?”, cuestiona Araceli. La jueza Claudia Luz Hernández Sánchez, quien autorizó su liberación con un localizador electrónico, fue la misma que tiempo después ignoró la sentencia firme para concederle otro amparo.

“Tengo muy en claro que sí existió corrupción en el caso de mi hija por parte de la juez que le daba los amparos a esta persona, porque siempre era la misma.

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Lo platiqué hace poco con mis hijas y con la mamá de la otra niña. Solo nosotros sabemos las puertas que tuvimos que tocar, a veces cerrar calles... y nada más éramos dos, tres personas. No le hace, todo era para que nos escuchara el Poder Judicial Federal”, señaló Araceli, quien, a dos años del fallecimiento de Valentina, aún enfrenta el juicio oral pendiente.

“Yo confío en que haya jueces humanos, no corruptos. Voté esperando que estas elecciones traigan un cambio, pero también porque las víctimas no podemos ser las únicas que presionamos por justicia. Hoy mi voto es por sed de justicia y un México sin corrupción”, afirmó.

EL CALVARIO DE UNA HERMANA

Sandra Soto también llegó a la elección con una herida que no cierra. Su hermana, Serymar, fue asesinada en Torreón en 2017 por su pareja, Jorge Alejandro, quien la atropelló intencionalmente. Pese a haber sido sentenciado a 46 años de prisión por el Poder Judicial Estatal y tener su sentencia ratificada en apelación, el feminicida ha promovido múltiples amparos. El último de ellos se encuentra en revisión ante la Suprema Corte.

Para Sandra, la reforma judicial impuesta, que permitirá la elección de jueces y magistrados, no responde a las necesidades reales de las víctimas.

“Nadie nos preguntó si queríamos votar por jueces. No sabemos quiénes son ni qué han hecho. Y ya hemos visto que muchos de los que se postulan tienen antecedentes de liberar agresores.”

Por eso decidió anular su voto, al igual que muchas otras víctimas de feminicidio en todo el país. En su boleta escribió: “Te cambio mi voto por justicia para Serymar”, como forma de protesta ante un sistema que considera ajeno, burocrático y, sobre todo, indolente.

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“Nosotras somos el reflejo de cómo los servidores públicos no están cumpliendo con su deber: no dan seguimiento, no ofrecen soluciones reales ni previenen que estas tragedias se repitan.

El Poder Judicial Federal ha caído en actos de simulación. Sí, hacía falta un cambio, pero no de esta manera, ni con una reforma impuesta que no resuelve de fondo las fallas del sistema”, concluyó.