Tras denuncias de abusos, Coahuila avanza hacia regulación histórica de anexos
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El Congreso del Estado presentó una iniciativa consensuada para supervisar los centros de tratamiento de adicciones y espacios privados de salud mental
El Congreso de Coahuila presentó una iniciativa para regular los anexos en el estado, luego de más de un año de que el diputado del Partido Verde, Jorge Valdés, propusiera un primer proyecto.
La nueva iniciativa, con respaldo unánime, busca crear una ley estatal que supervise la operación de los establecimientos dedicados al tratamiento de adicciones, así como de centros privados que ofrecen servicios profesionales de salud mental.
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La propuesta surge tras casos documentados por la prensa local donde han sido señaladas prácticas que vulneran la dignidad humana, reproducen estigmas y carecen de sustento técnico o ético, e incluso situaciones que derivaron en la pérdida de la vida de personas internadas.
Los legisladores señalaron que muchos de estos espacios operan sin cumplir las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, lo que dificulta garantizar derechos, calidad en la atención y coordinación entre autoridades.
De acuerdo con la información presentada, en 2024 las principales sustancias por las que las personas acudieron a tratamiento fueron estimulantes de tipo anfetamínico, alcohol y cannabis.
En particular, el consumo de estimulantes se describe como uno de los más dañinos debido a su alto potencial de dependencia y los efectos negativos en la salud física, psicológica y social.
La iniciativa plantea una ley integrada por siete capítulos que ordenan la definición de conceptos, la protección de los derechos de las personas usuarias, el funcionamiento y obligaciones de los establecimientos, la coordinación entre autoridades y el proceso para presentar y atender quejas.
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En el capítulo inicial se establece que el objetivo central es coordinar al Gobierno del Estado con la Secretaría de Salud federal para supervisar las condiciones de operación de los centros.
La iniciativa subraya que no invade la competencia federal, pues respeta íntegramente las Normas Oficiales Mexicanas y la rectoría de la federación en materia de salubridad general.
El esquema de coordinación propuesto involucra a la Secretaría de Salud estatal, el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, los ayuntamientos y un Comité que integraría áreas de salud, seguridad pública, protección civil, procuración de justicia, desarrollo social y derechos humanos.
Este Comité sería el encargado de supervisar la infraestructura, el cumplimiento de normas, la integridad de las personas usuarias y la aplicación de procesos adecuados de tratamiento.
La ley también detalla los derechos de quienes ingresen a un establecimiento, entre los que se incluye recibir trato digno, atención basada en información clara y veraz, valoración médica oportuna y la integración de un expediente clínico.
Se prohíben los tratamientos forzosos, el aislamiento involuntario, el uso de la fuerza física para traslados o reingresos y cualquier práctica que atente contra la dignidad humana. El internamiento, según la propuesta, solo podría considerarse como último recurso terapéutico y siempre de manera voluntaria.
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La protección de niñas, niños y adolescentes se considera prioritaria. La iniciativa prohíbe su ingreso a establecimientos residenciales privados y determina que toda actuación debe regirse bajo el principio del interés superior de la niñez.
El proyecto incluye un mecanismo de supervisión mediante visitas de censo, diagnóstico y seguimiento, así como un procedimiento para la presentación de quejas por parte de personas usuarias o familiares.
Estas quejas podrán recibirse por escrito, correo electrónico o de manera presencial, y deberán ser atendidas por el Consejo. Cuando exista la posibilidad de un delito, la autoridad competente será notificada de inmediato.
La propuesta retoma además las inquietudes expresadas por jóvenes durante el Parlamento Juvenil 2024, quienes señalaron que las adicciones representan una de sus principales preocupaciones y que muchos anexos operan sin regulación
