Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, revira y denuncia a Enrique Falcón ante el IEC
Tania Vanesa Flores Guerra, alcaldesa de Múzquiz por Morena, denunció ante el Instituto Electoral de Coahuila al empresario Enrique Falcón Zepeda, por el presunto delito de “violencia política por razón de género”, luego de que éste planteara que debería ser sometida a examen psicológico porque ordena medidas fuera de toda lógica.
En declaraciones a VANGUARDIA publicadas el 17 de septiembre pasado, el empresario señaló que la presidenta municipal ordenó a la población no comprar productos en sus negocios por criticar los resultados y los posibles actos de corrupción durante su administración. Flores Guerra asegura que sus opiniones afectan los intereses de la ciudadanía.
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Además, sometió a votación del Cabildo colocar contenedores de basura a las afueras de la vivienda del empresario para depositar ahí la basura, ante los señalamientos de fallas del servicio de recolección, lo que fue rechazado por mayoría.
“Lo que necesita esta mujer es que la Secretaría de Salud, a través de la clínica de salud mental, la evalúe; si el caso es grave, deben examinarla”. De esta manera, argumenta, se determinará si está en condiciones de gobernar el municipio, publicó VANGUARDIA.
La alcaldesa interpuso la denuncia ante el IEC y en el expediente refirió que en la “inapropiada nota periodística se advierte que mi denunciado es carente de los principios de respeto, cortesía y ética que deben prevalecer en todo ciudadano y en especial de un servidor público de alto nivel, en la que sugirió que la suscrita deba ser sometida a una evaluación psicológica, llevando con esto, un desvalor entre la sociedad a la que me permito servir en mi carácter de alcaldesa”.
Ante ello, el IEC emitió un acuerdo dentro del Procedimiento Especial Sancionador DEAJ/PESVPG/010/2023, en el que señala que toda vez que los hechos denunciados consisten en la presunta comisión de “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” a través de supuestas declaraciones realizadas contra Flores Guerra publicadas en VANGUARDIA, se requirió al denunciado declarar al respecto para integrar el expediente, esto con fecha del 30 de octubre.
RESPONDE ACUSADO
Falcón Zepeda, quien ocupa el cargo de Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en Coahuila, respondió que sus comentarios fueron con el carácter de ciudadano y comerciante de Múzquiz, sin vinculación alguna al cargo público, aunque la alcaldesa, en forma dolosa, así lo quiere hacer ver.
Rechazó haber incurrido en el delito de “violencia política por razón de género”, pues la nota deriva del libre ejercicio de expresión al que todo ciudadano y prensa tienen derecho, señalando hechos que atañen Flores Guerra y no hubo ataque alguno en su contra, mucho menos incitó al odio o a actitudes discriminatorias.
“Lo que aparece en la prensa, son cuestionamientos referentes a su actividad o función como alcaldesa, sin comprender cuestión de género, es decir, sin que tales cuestionamientos tengan sustento en el hecho de ser mujer, las críticas y cuestionamientos son ajenos a cuestión de género”.
El contenido de la publicación, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en la Constitución Política o en el Reglamento de Quejas y Denuncias del IEC, puesto que no se lesionó su dignidad, integridad o libertad por ser mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos.
“En todo momento me he referido a su actividad pública, a su agenda de trabajo municipal y a sus aspiraciones políticas, temas completamente independientes del género de la servidora pública, y susceptibles de escrutinio en una sociedad democrática”.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que “los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que particulares sin proyección pública alguna... la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública”.
De igual manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya estableció que las servidoras y servidores públicos o quienes tienen proyección pública, “son personas sujetas a una crítica más severa y vehemente en comparación con personas particulares, cuya actividad no se somete al escrutinio público y, consecuentemente, tienen un umbral mayor de tolerancia respecto de los comentarios y/o críticas a su investidura y/o aspiraciones políticas”.
