Detención de exsecretario del Ayuntamiento de Torreón y de su esposa apunta a negocios privados: Manolo Jiménez
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El Gobernador señala que la información disponible relaciona la investigación federal con actividades personales y empresariales; corresponde a la FGR esclarecer los hecho
TORREÓN, COAH.- La detención de José Elías Gánem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y de su esposa Martha Esther Rodríguez Romero, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, estaría relacionada hasta el momento con asuntos de carácter personal y con la operación de empresas privadas, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.
El Mandatario Estatal precisó que esa es la información con la que se cuenta hasta ahora respecto del operativo realizado por autoridades federales, por lo que evitó relacionar directamente las detenciones con las responsabilidades públicas que anteriormente desempeñaron ambos en el Gobierno Municipal de Torreón.
“Esa es la información que se tiene hasta el momento, pero es un tema que tiene que ver con la Fiscalía General de la República y todo apunta a la operación personal de las empresas privadas que manejaban”, manifestó Jiménez Salinas.
El líder del Estado subrayó que se trata de una investigación que se encuentra en el ámbito de competencia de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que corresponderá a esa instancia establecer los hechos investigados, las posibles responsabilidades y la situación jurídica de los involucrados.
De esta manera, el Gobernador marcó distancia entre los cargos públicos que ocuparon Gánem Guerrero y Rodríguez Romero y las causas que, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, habrían originado la actuación de las autoridades federales.
Gánem Guerrero se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Torreón, mientras que Rodríguez Romero estuvo al frente del Centro de Justicia Municipal, posiciones que colocaron a ambos dentro de la estructura de la administración pública municipal.
No obstante, el Ejecutivo estatal sostuvo que hasta el momento no se cuenta con información que permita establecer que la intervención de la autoridad federal esté directamente vinculada con el ejercicio de esas funciones públicas.
