Torreón: Denuncia agresión sexual por policías; Fiscalía de Coahuila desestima pruebas
A cinco años de los hechos, Miriam Ramírez Rosales denunció públicamente haber sido víctima de tortura sexual por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
La mujer se apostó a las afueras de la Delegación Laguna I, en Torreón, para exigir justicia y denunciar que las investigaciones no han avanzado y que no ha recibido reparación del daño.
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Con un fajo de documentos y expedientes en mano, Ramírez relató que fue acusada de fraude por cuantía media, pero obtuvo sentencia absolutoria. Aseguró que fue detenida de manera arbitraria, golpeada dentro de las instalaciones de la Fiscalía y luego enviada ante un juez sin pruebas.
“Fui traída a la Fiscalía, golpeada. Hay testigos que ya testificaron. Me llevaron a una audiencia de control sin pruebas y el juez me ordenó resguardo domiciliario.
“Uno de mis agresores, un agente de la Policía de Investigación Criminal que ahora está preso por tentativa de feminicidio, me metió una botella en la boca y me quebró los dientes. Perdí la audición del oído derecho, me fracturaron la clavícula y tuve laceraciones”, detalló.
Contó que al dictarse una medida de control, fue trasladada al penal de Piedras Negras. Sin embargo, aseguró que durante el trayecto, en el municipio de Nadadores, cuatro agentes la llevaron a una brecha y la violaron.
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“Así fui internada en un centro penitenciario, sin que me revisaran. Fui exhibida en medios sin respetar mi presunción de inocencia. Nunca conocí a mis supuestas víctimas en el juicio oral y falsificaron documentos en mi protocolo de Estambul”, agregó.
Ante estos señalamientos, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández, afirmó que el caso ha sido atendido conforme a derecho y que se aplicó en dos ocasiones el protocolo de Estambul —herramienta internacional para documentar tortura—, resultando negativo en ambos casos.
“No podría emitir una opinión de fondo porque hay diligencias abiertas. Todo debe basarse en los datos que existen en la carpeta, no en presunciones. Los conductos están abiertos y se le ha dado atención a la señora Ramírez”, declaró el fiscal.
SIN APOYO INSTITUCIONAL
Además, Miriam Ramírez denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le suspendió todos los apoyos, incluido el traslado al Cesame para recibir tratamiento psiquiátrico, la terapia psicológica en la Fiscalía de Atención a Víctimas y el suministro de medicamentos controlados, del cual —afirmó— no ha recibido nada desde hace un año.
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También señaló que las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila no se han cumplido.
“Ya no quiero más ‘mejoralitos’. Quiero que judicialicen alguna de mis carpetas. No puede ser tanta aberración y que no se haga nada”, concluyó.
